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Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

El Decreto-ley adapta en Cataluña el impuesto estatal sobre el depósito de residuos en depósitos controlados, la incineración y la coincineración, y subroga al Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat en el convenio de financiación y explotación de la red de abastecimiento de La Llosa del Cavall.

Añade un último tramo a la tarifa del impuesto sobre el patrimonio en Cataluña, con un tipo del 3,480 % para bases liquidables a partir de 20.000.000 de euros. Esta tarifa se aplica durante los dos primeros ejercicios del impuesto estatal de solidaridad de las grandes fortunas.

Modifica la Ley 5/2020 de Cataluña para elevar del 20% al 50% la parte de los ingresos del impuesto sobre instalaciones nucleares que se destina al Fondo de Transición Nuclear. También crea el órgano de gobierno de ese fondo.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Mantiene para 2021 y de forma indefinida la tarifa del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que se aplicaba en 2020. También modifica el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y crea una exención en la tasa de la pesca fresca.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Crea el Fondo extraordinario adicional 2021 para los entes locales de Cataluña, con una dotación de 100 millones de euros. Regula qué entes pueden recibirlo, cómo se reparte y cómo se entrega el dinero.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Retrasa hasta el 1 de octubre de 2021 la aplicación de las nuevas tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos en Cataluña, que debían empezar a aplicarse el 1 de junio de 2021.

Establece medidas tributarias y financieras urgentes en Cataluña. Retrasa el pago del tributo sobre máquinas recreativas del primer trimestre de 2021 para que se ingrese junto con el segundo trimestre, y modifica plazos de cuentas anuales y normas presupuestarias.

Retrasa hasta el 1 de junio de 2021 la subida de tarifas del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos y el recargo en Barcelona. Además, crea una nueva deducción en el IRPF para quienes deben presentar la declaración por tener dos o más pagadores.

Modifica dos impuestos en Cataluña: aplica la tarifa más baja del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos para 2020, fija cómo calcular la base para motocicletas sin datos oficiales de emisión y crea una bonificación para vehículos clásicos. También permite aplazar o fraccionar el pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

Establece medidas tributarias urgentes en Cataluña: retrasa al 1 de enero de 2021 la subida de tarifas del impuesto sobre estancias turísticas y el recargo de Barcelona, fija nuevos plazos para autoliquidaciones suspendidas y ajusta el aplazamiento del canon del agua para pequeñas empresas y autónomos.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

Suspende durante 2020 la ampliación de un mes de los plazos urbanísticos que coinciden con agosto, para reactivar la tramitación de planeamiento y gestión urbanística. También modifica el régimen de fianzas de actividades extractivas y regula el Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad.