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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2024, que adopta medidas urgentes para simplificar y mejorar el nivel asistencial de la protección por desempleo y completa la transposición de una directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional.

Modifica una resolución anterior del Instituto Nacional de la Seguridad Social para asignar a la Dirección Provincial de Málaga la gestión de los expedientes de pensiones del Convenio de Seguridad Social con Moldavia. También corrige una omisión sobre las competencias de la Dirección Provincial de León y ajusta la entrada en vigor del anexo.

Modifica la protección por desempleo de nivel asistencial para simplificarla y mejorar su acceso, y regula nuevos permisos de conciliación familiar, como un permiso parental hasta los ocho años del menor y cambios en el permiso de lactancia.

Establece cómo se aplica el Convenio de Seguridad Social entre España y Moldavia. Designa los organismos de enlace e instituciones competentes de cada país y fija procedimientos para solicitar y tramitar pensiones, invalidez y prestaciones por accidentes de trabajo.

Establece un convenio de Seguridad Social entre España y Moldavia. Regula qué legislación se aplica a los trabajadores que ejercen en ambos países y cómo se calculan y pagan las pensiones y prestaciones. Incluye jubilación, incapacidad permanente, supervivencia y accidentes de trabajo.

Regula cómo suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para que cuenten como cotizados los periodos de prácticas formativas o académicas externas realizados antes de la entrada en vigor de la norma que las incluyó en el sistema. Se puede solicitar una sola vez y por un máximo de cinco años.

Modifica la instrucción tercera de la Resolución de 16 de julio de 2004 sobre gestión recaudatoria. Los directores de las administraciones de la Seguridad Social podrán autorizar el pago fraccionado del reintegro de prestaciones cobradas indebidamente, con un mínimo de 100 euros mensuales y hasta 60 meses.

Regula cómo las entidades de la Seguridad Social elaboran, aprueban y presentan por vía telemática sus cuentas anuales. Sustituye una orden anterior de 2009 y fija los requisitos de seguridad y firma electrónica del proceso.

Modifica el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y el de Cotización. Permite fraccionar el pago de prestaciones percibidas indebidamente siempre que se solicite y suaviza las causas de revocación del fraccionamiento. También ajusta el embargo de cuentas, las subastas de bienes embargados y la domiciliación de cuotas.

Determina qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada mediante sello electrónico, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales y qué dirección provincial resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional de Seguridad Social.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios apartados del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social. El tribunal que la plantea duda de que estas normas respeten los artículos 14 y 39 de la Constitución.

Colombia firmó el Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y depositó sus anexos. El acuerdo entró en vigor el 1 de agosto de 2023 entre Colombia y los países que ya lo habían firmado.

Modifica las instrucciones contables de las entidades de la Seguridad Social para añadir un campo de «Código de inventario» en los documentos contables. Con ello se conecta el Inventario de Bienes y Derechos (IBID) con el Sistema de Información Contable (SICOSS) en operaciones sobre bienes inmuebles.

Fija las bases de cotización a la Seguridad Social para 2024 de los trabajadores del mar por cuenta ajena y propia de los grupos segundo y tercero. Las bases se establecen por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, a partir de las remuneraciones medias de 2023.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 7/2023, que regulaba medidas urgentes para trasponer una directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional y para simplificar y mejorar la protección por desempleo.