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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias entidades sociales contra el Reglamento de extranjería de 2024. Confirma la nulidad del artículo 197.2, que imponía la relación electrónica obligatoria en procedimientos de extranjería, y rechaza el resto de peticiones de anulación. Declara terminado el proceso sobre la disposición transitoria 5.ª, ya derogada.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto porque esos preceptos ya fueron juzgados en sentencias anteriores, y se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos relativos a la actividad del Estado en subvenciones de vivienda.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del sindicato CGT contra el Real Decreto 402/2025, que regula el procedimiento para anticipar la edad de jubilación con coeficientes reductores. Anula el artículo 10.2.a) y el artículo 12.1, eliminando la exigencia de identificación fiscal en la solicitud de inicio del procedimiento.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un precepto de la Ley de la Comunidad de Madrid 18/2023 que excluía a asociaciones y entidades defensoras de derechos LGTBI de la condición de interesadas en procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores. La sentencia declara nulo ese precepto por invadir competencias estatales sobre legislación procesal y procedimiento administrativo común.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados del artículo 12 de una ley de La Rioja de 2023. La norma autonómica declaraba urgente, sin motivación, la tramitación de gastos financiados con fondos europeos de recuperación. El tribunal examina si esa regulación invade competencias estatales sobre contratación pública y procedimiento administrativo.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Anula varios apartados de los artículos 2, 6 y 8 en lo que se refieren a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una administración autonómica.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo estima la cuestión de ilegalidad planteada y anula un inciso del artículo 12 del Reglamento que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad española por residencia. El inciso anulado exigía que el interesado no hubiera cometido actos incompatibles con la buena conducta cívica hasta ese momento.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Declara nulos parcialmente varios preceptos autonómicos que permiten la edificación residencial en suelo rústico, la desafectación de vías pecuarias y la exención de licencia urbanística a los usos mineros.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6.2 de la Ley de instituciones locales de Euskadi, que regula el uso del euskera y el castellano en las entidades locales. Declara la nulidad parcial de ese precepto en lo relativo a la lengua oficial.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula la identidad digital, la contratación pública y la seguridad en telecomunicaciones. La sentencia analiza si el Gobierno justificó la urgencia de la norma y si algunas medidas invaden competencias autonómicas.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 173 de la Ley valenciana 7/2021, que añadió una regla de distancias mínimas para almacenamiento de productos petrolíferos. La sentencia declara inconstitucional aplicar esa regla a los puertos de interés general titularidad del Estado.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno vasco contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si el decreto-ley tenía habilitación para regular estas materias y si respeta las competencias autonómicas.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por el País Vasco contra varios artículos del Reglamento de actuación del sector público por medios electrónicos. El conflicto se extingue porque ha perdido su objeto de forma sobrevenida.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Decreto-ley valenciano 6/2020, que creó derechos de tanteo y retracto para ampliar la vivienda pública. La sentencia analiza si la norma respetó los límites de los decretos leyes autonómicos y declara la constitucionalidad de los preceptos que regulan la adquisición preferente de vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

El Tribunal Constitucional anula el apartado 2 del artículo 60 de la Ley valenciana 6/2014, que permitía entender estimada por silencio administrativo una solicitud de licencia ambiental cuando el ayuntamiento no respondía en seis meses. El tribunal considera que ese precepto invade competencias del Estado sobre procedimiento administrativo y protección ambiental.