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Regula la protección y ordenación de la costa de la Comunitat Valenciana. Establece instrumentos de planificación, zonas de uso del litoral, un catálogo de playas y un régimen de inspección y sanciones.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso será efectivo desde la fecha que fija el propio acuerdo.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere al País Vasco las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso se hace efectivo en la fecha que fija el propio acuerdo.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas, y lo declara nulo de pleno derecho por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere a Canarias funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. Incluye la gestión de autorizaciones y concesiones en dominio público marítimo-terrestre y la aprobación de planes de uso del litoral y playas.

Modifica la Ley 7/2013 sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con especial atención a las actividades no permanentes de ocio y entretenimiento. Además, establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Ibiza y modifica otras normas autonómicas.

Modifica el Reglamento General de Costas para incorporar la adaptación al cambio climático en la gestión del litoral. Cambia varios artículos para tener en cuenta la subida del nivel del mar y el aumento de eventos extremos en las playas y la costa.

Actualiza el anexo II del Real Decreto 79/2019 para que los informes de compatibilidad con las estrategias marinas usen los objetivos ambientales del segundo ciclo (2018-2024). También añade al anexo III cautelas para los informes de actuaciones de minería submarina.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos artículos de la Ley catalana de ordenación del litoral que daban a los ayuntamientos la potestad de autorizar usos en el dominio público marítimo terrestre. La sentencia analiza si esos preceptos invaden competencias del Estado sobre costas.

El Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de los artículos 20.1.b) y 30.d) de la Ley de Cataluña 8/2020, de ordenación del litoral. Esos artículos habían quedado suspendidos al admitirse un recurso de inconstitucionalidad contra ellos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos artículos de la Ley de Cataluña de protección y ordenación del litoral. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos artículos queda suspendida.

Regula la protección y ordenación del litoral de Cataluña. Crea planes de protección y ordenación del litoral y planes de uso de playas, y fija cómo se autorizan y conceden los usos del dominio público marítimo-terrestre.

Adapta la gestión del canon por ocupar y aprovechar el dominio público marítimo-terrestre a las medidas sanitarias excepcionales del COVID-19. Regula cómo se aplica este canon a las actividades que usan las playas y el litoral durante la transición hacia la nueva normalidad.

Modifica dos órdenes del Ministerio de Sanidad dictadas durante el estado de alarma por el COVID-19: una sobre gestión de residuos y otra sobre la flexibilización de restricciones en la fase 2 del plan de transición hacia la nueva normalidad.