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Establece medidas urgentes para agilizar la valoración y el reconocimiento de la dependencia en Cataluña. Crea la tramitación prioritaria y abreviada, el abono de un importe mínimo desde el reconocimiento del grado y refuerza los equipos de valoración.

Regula las prestaciones económicas para personas con grado III+ de dependencia extrema en Cataluña y modifica la Ley 12/2007 de servicios sociales. Establece las cuantías máximas de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

Modifica el anexo del Decreto-ley 4/2025, que regula la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias. Añade tres diagnósticos del sistema nervioso, corrige un código de diagnóstico y traduce al castellano una tabla del sistema digestivo.

Regula cómo se valora y califica el grado de discapacidad en Canarias. Fija qué órganos deciden, cómo se inicia y tramita el procedimiento, cómo se resuelve y cómo se revisa el grado reconocido.

Modifica la Ley 12/2018 de servicios sociales de las Illes Balears para regular el copago de los usuarios en la atención a la dependencia. El copago se configura como prestación patrimonial pública no tributaria (tarifa), adaptando la norma a dos sentencias del Tribunal Supremo.

Establece que no se exigirán los créditos ya vencidos y no pagados derivados de prestaciones sociales de infancia y adolescencia: prestación para jóvenes extutelados, para menores en riesgo y por acogimiento de menores tutelados. Se aplica a personas beneficiarias de estas prestaciones que estén en situación de vulnerabilidad.

Amplía de dos a tres años el plazo máximo de los acuerdos de provisión directa con entidades privadas que prestan servicios sociales de la red pública en Cataluña. Estos acuerdos son un paso provisional mientras las entidades se acreditan e integran en el sistema de concierto social.

Establece ayudas económicas para explotaciones agrarias de Cataluña afectadas por la sequía, en especial cultivos leñosos, herbáceos, maíz, arroz y fruta dulce. También regula el control de la fauna cinegética y modifica normas sobre cooperativas, incendios y servicios sociales.

Establece medidas para facilitar el acceso de las personas dependientes y con discapacidad a los servicios sociales públicos de Cataluña. Sube los importes máximo y mínimo de la prestación económica para residencia asistida y declara gratuitas algunas prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales.

Establece un aumento extraordinario, hasta diciembre de 2022, del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de la cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda. La medida amplía hasta final de año el incremento que ya se había previsto para mayo, junio y julio de 2022.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Establece medidas sociales extraordinarias por la COVID-19 en residencias y centros de día para personas mayores, incluyendo la actualización de precios y un complemento a la prestación económica vinculada al servicio. También crea una prestación en el ámbito de la cultura y modifica el Decreto-ley 25/2020.