Decreto-ley 8/2021, de 30 de agosto, por el que se modifican el Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, y el Decreto 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears, y para concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada, supuso un hito importante en la política de lucha contra la pobreza en las Illes Balears y dio efectividad al mandato del artículo 21 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears cuando prevé que, con objeto de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, los poderes públicos de las Illes Balears deben garantizar el derecho de los ciudadanos de las Illes Balears en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta mínima de inserción, en los términos previstos en la ley. La renta social garantizada de las Illes Balears se constituyó como una prestación periódica dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica para la cobertura de los gastos básicos de las personas.

El Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, tiene por objeto regular las prestaciones sociales de carácter económico que se enmarcan en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears. Incluye, por lo tanto, la renta social garantizada pero también otras prestaciones de cariz más específico como son el complemento de renta social de las Illes Balears a la prestación del ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas (PNC) o la renta de emancipación de jóvenes que han sido sometidos a medidas administrativas de tutela o guarda de protección de menores. También prevé una regulación de las prestaciones económicas de derecho de concurrencia o las de urgencia social. La necesidad de aprobar el Decreto-ley 10/2020, se debió, básicamente, a dos motivos. Por un lado, la irrupción de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, que a la vez ha desembocado en una crisis económica y social de valor todavía incalculable, pero sin duda de proporciones ingentes, ha disparado la demanda de prestaciones de necesidades básicas de subsistencia. En este sentido, la paralización de la actividad económica decretada por el estado de alarma y la adopción de las medidas sanitarias necesarias para minimizar la incidencia de la enfermedad ha provocado situaciones de auténtica necesidad social, y más en una comunidad autónoma como la nuestra, con una fuerte dependencia del sector turístico.

Por otro lado, la aprobación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, como medida de seguridad social, obligó a replantear el escenario de cobertura de rentas básicas, rentas sociales y rentas de inserción del conjunto de comunidades autónomas. Este Real Decreto-ley crea y regula el ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por la carencia de recursos económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas. Por lo tanto, se hizo necesario ajustar las prestaciones económicas por vulnerabilidad a esta nueva prestación para regular su relación y régimen de compatibilidad y subsidiariedad. No obstante, la regulación del ingreso mínimo no ha sido pacífica dado que, desde la aprobación, ya ha sido objeto de varias modificaciones.