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Modifica la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra para permitir que los ayuntamientos bonifiquen el Impuesto de Bienes Inmuebles (Contribución Territorial) en relación con el alquiler de vivienda asequible. La norma se enmarca en las medidas para zonas de mercado residencial tensionado y la estrategia de vivienda rural.

Modifica varias normas tributarias de Navarra, entre ellas el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sociedades, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. Incluye cambios en la obligación de declarar del IRPF y un incentivo fiscal en el Impuesto sobre Sociedades vinculado al empleo y a la igualdad.

Crea en Navarra un impuesto complementario para que los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud tributen al menos a un nivel mínimo global. Se aplica a grupos con ingresos consolidados de 750 millones de euros o más y sigue las normas modelo de la OCDE y la directiva europea.

Establece las restricciones de circulación en Navarra durante 2026. Limita pruebas deportivas y otros eventos en vías interurbanas en fechas señaladas y prohíbe circular a vehículos que transportan mercancías peligrosas en determinados tramos, días y horas.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de funciones y servicios del Estado en materia de carreteras, incluida la titularidad de los tramos de la Autopista AP-68 Bilbao-Zaragoza que discurren por su territorio. El traspaso se rige por el Acuerdo de la Junta de Transferencias y es efectivo desde la fecha que este fija.

Modifica la Ley Foral del derecho a la vivienda en Navarra para corregir aspectos técnicos del sistema de adjudicación de viviendas protegidas. También precisa la definición de vivienda deshabitada, introduce el alquiler forzoso para viviendas vacías más de un año y regula la vivienda colaborativa.

Regula la concesión directa de subvenciones para actuaciones complementarias de saneamiento y depuración de aguas en el Mar Menor. También modifica dos reales decretos anteriores sobre subvenciones para adaptar edificaciones e instalaciones al riesgo de inundación en el tramo medio del Ebro y en la cuenca baja del Segura.

Establece los tramos de carreteras de Navarra por los que pueden circular los conjuntos euro-modulares, vehículos de transporte de mercancías de mayor longitud. Fuera de esa red no se permite su circulación, salvo un máximo de 10 kilómetros para enlazar tramos o acceder al origen y destino.

Modifica la Ley Foral 17/2020 para establecer una pausa de hasta doce meses en la tramitación de nuevos proyectos de plantas de biometano en Navarra. Durante ese periodo el Gobierno evaluará los proyectos existentes y el avance de la Agenda Navarra del Biogás 2030.

Crea en Navarra el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. Grava el margen de intereses y comisiones que obtienen entidades de crédito, sucursales de crédito extranjeras y establecimientos financieros de crédito por su actividad en España. La ley regula quién paga, la base, los tipos y la gestión del tributo.

Concede un suplemento de crédito de 42.500 euros y créditos extraordinarios por 1.791.378 euros en el presupuesto de Navarra de 2025. El dinero se destina a un convenio de reagrupación familiar y duelo migratorio, a una variante de carretera en Bera y a la Fundación I+D Automoción y Mecatrónica. La financiación sale de otras partidas del mismo presupuesto.

Autoriza a la sociedad pública Sociedad de Desarrollo de Navarra, SL (SODENA) a conceder un aval de dos millones de euros a la empresa Dynamobel, SA. La autorización exige que el resto de los socios aporten un millón de euros adicionales como préstamo participativo.

Establece la estructura de las Oficinas de Justicia en los municipios de Navarra y de sus agrupaciones, en sustitución de los Juzgados de Paz, conforme a la Ley Orgánica 1/2025. Fija los centros de destino antes de aprobar las relaciones de puestos de trabajo y los procesos de acoplamiento del personal.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra y la ley de ordenación del territorio y urbanismo. Regula los requisitos de acceso a viviendas protegidas, el censo de solicitantes y el procedimiento de adjudicación con reservas, tramos de renta y baremos.