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Establece las directrices y criterios comunes que deben seguir las comunidades autónomas para elaborar sus planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los planes deben cubrir todo el año, con análisis de riesgo, zonificación del territorio, catálogo de medios y medidas preventivas.

Actualiza la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la aprueba como Programa de Acción Nacional contra la Desertificación previsto en la Ley de Montes. También aprueba su Plan de Implementación para el periodo 2025-2027 y deja sin efecto la Orden ARM/2444/2008.

Crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regula su estructura y funcionamiento. Establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones para determinadas empresas.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios patrimoniales (bienes y derechos) adscritos a los servicios de conservación de la naturaleza que el Estado traspasó a la Generalitat de Cataluña en 1980.

Modifica la Ley de Montes y Ordenación Forestal de Asturias para adaptarla a los cambios de la normativa estatal sobre incendios forestales. Cambia siete artículos: el Consejo Forestal, las medidas de prevención y lucha contra incendios, el uso del fuego y la quema de rastrojos, y el régimen de infracciones y sanciones.

Actualiza el título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, de la familia profesional Agraria, y fija sus enseñanzas mínimas. Con ello se adapta esta formación profesional a la actualización de las cualificaciones profesionales.

Modifica la ley de vivienda de Extremadura y crea un impuesto sobre las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. También crea el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda y un mecanismo de garantía de alojamiento o realojamiento del menor.

Modifica la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha para adaptarla a la normativa estatal y a las estrategias europeas de biodiversidad y bosques. También cambia otras dos leyes autonómicas y fija reglas transitorias para procedimientos en curso.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2023, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Fija las cuantías de créditos e ingresos y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

Modifica la Ley de Montes y adopta medidas urgentes para prevenir, vigilar y extinguir incendios forestales. Refuerza la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas, el sector privado y la sociedad durante todo el año.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Fija las cuantías de las indemnizaciones para las personas que sufren accidentes al colaborar en la extinción de incendios forestales. Incluye pagos por muerte o incapacidad y la asistencia médica y hospitalaria hasta la curación. También establece las tarifas de primas del seguro y su compatibilidad con otros seguros.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los bienes adscritos a las funciones y servicios sobre conservación de la naturaleza que el Estado traspasó a la Comunitat Valenciana en 1984.

Establece medidas para reactivar la actividad económica y social en Extremadura durante la transición hacia la «nueva normalidad» tras el confinamiento por la COVID-19. Incluye facilidades para proyectos empresariales, apertura de comercios, transporte, atención ciudadana y contratación pública.