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Establece qué información deben enviar los ayuntamientos sobre su esfuerzo fiscal de 2024 y cómo comprobarla. Fija el 30 de junio de 2026 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las exenciones del IBI y las reducciones del IAE del ejercicio 2024 en municipios afectados por la DANA. Los beneficios se aplican a inmuebles dañados y a negocios que tuvieron que realojarse o cerrar temporalmente.

Habilita el sistema para que los ayuntamientos y otras entidades locales soliciten por vía electrónica al Estado la compensación por las cuotas del IBI que dejan de cobrar por la exención reconocida a los centros docentes con concierto educativo.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2022 para el cálculo de su participación en los tributos del Estado. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2024 y la forma de envío telemático con firma electrónica, y regula cómo las Delegaciones de Economía y Hacienda comprueban esos datos.

Modifica la Resolución de 2014 que fija cómo se envían y qué estructura, contenido y formato tiene el fichero del padrón catastral y los demás ficheros de intercambio para gestionar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El cambio se refiere a la clave de uso de los inmuebles, en concreto la clave A-Almacén-Estacionamiento.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2023. La exención beneficia a titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido una reducción de su rendimiento neto.

Establece cómo deben enviar los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda los datos de su esfuerzo fiscal de 2021, necesarios para calcular su participación en los tributos del Estado de 2023. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2023 y la forma de envío telemático con firma electrónica.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las cuotas de IBI y de IAE que dejan de cobrar en 2022. Estos beneficios fiscales se aplican a inmuebles y negocios dañados por los incendios forestales de junio, julio y agosto de 2022.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2022, tras la exención aprobada por el Real Decreto-ley 4/2022 para titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas con pérdidas por la sequía.

Establece el sistema electrónico para que los ayuntamientos soliciten la compensación por la pérdida de recaudación de las bonificaciones del 95 % en el IAE y el IBI de cooperativas y sociedades agrarias de transformación. Las solicitudes se presentan solo por la Oficina Virtual, mediante la aplicación COTRIL.