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Fija la jornada de trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas) y en 37,5 horas semanales para quienes tengan dedicación especial. Regula también el calendario laboral anual y el servicio de guardia.

Aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial (MUGEJU), que gestiona la asistencia sanitaria y social del personal de la Administración de Justicia. Regula su estructura central y provincial, sus órganos de gobierno y participación, y su régimen económico, presupuestario, de contratación y de personal. También modifica el Reglamento del Mutualismo Judicial.

Establece la organización y el régimen de personal de las Oficinas de Justicia en los municipios y sus agrupaciones, que sustituyen a los juzgados de paz. Regula su constitución, la dotación de personal, el funcionamiento de las agrupaciones y la dependencia del personal. Modifica varios reglamentos de personal al servicio de la Administración de Justicia.

Modifica las instrucciones de jornada y horarios de la Administración de Justicia para que los funcionarios que hayan hecho una guardia ordinaria puedan descansar el mismo día en que termina o en los tres días laborables siguientes, en los mismos supuestos que los Letrados de la Administración de Justicia.

Modifica varios reglamentos sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia. Actualiza el estatuto del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, el régimen de ingreso y provisión de puestos, la Policía Judicial y la Comisión Nacional de Estadística Judicial.

Modifica la normativa sobre retribuciones de los Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales) para aplicar el acuerdo firmado el 28 de marzo de 2023. Establece un incremento mensual de entre 430 y 450 euros, aplicado de forma progresiva hasta julio de 2024.

Modifica la norma que creó la Oficina de la Fiscalía Europea en España para añadir un servicio de guardia semanal. Este servicio lo harán, de forma rotatoria, funcionarios de los cuerpos de gestión procesal y administrativa o de tramitación procesal y administrativa de esa Oficina.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.

Modifica la regulación retributiva de los Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales) para aplicar un incremento salarial de 195 euros mensuales, de forma progresiva entre 2021 y 2023, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos de 2021.

Crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía Europea en España y aprueba la relación de puestos de trabajo. Esta oficina da apoyo a los Fiscales europeos delegados en la investigación de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión. Adscribe a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia.

Regula cómo se sustituyen entre sí los fiscales y cómo se cubren vacantes o ausencias con medidas de apoyo o refuerzo. También fija la selección, nombramiento, derechos y cese de los abogados fiscales sustitutos, y deroga el Real Decreto 634/2014.

Publica el concierto entre la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y seis entidades de seguro para dar asistencia sanitaria en España a sus beneficiarios durante 2022, 2023 y 2024. También da a conocer el texto completo del concierto y las aseguradoras que lo han firmado.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.