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Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adhesión al Fondo de Ordenación para 2026. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos tienen un mes, ampliable 15 días, para solicitar la adhesión.

Modifica el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19. Cambia la composición del Comité Técnico de Inversiones, que pasa a tener 10 miembros, y concentra el seguimiento de los instrumentos financieros en la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Establece el funcionamiento del Mecanismo REINICIA+FEPYME DANA, un fondo de 350 millones de euros en préstamos participativos, con parte no reembolsable, para pymes afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. Fija requisitos, ámbito geográfico y plazos de solicitud.

Regula la actividad y el funcionamiento del Fondo de Impacto Social (FIS), un fondo estatal sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El fondo financia proyectos de inversión de impacto social y medioambiental en España, de forma directa o a través de fondos de inversión.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adherirse al Fondo de Ordenación para 2025. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos pueden presentar su solicitud en el plazo de un mes, ampliable en 15 días.

Regula la actividad y el funcionamiento del Fondo de Coinversión (FOCO), un fondo estatal sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Establece las condiciones de elegibilidad de coinversores y operaciones, y la composición y competencias de sus órganos de gestión.

Actualiza las cifras en euros que la Ley 20/2015 fija para definir los «grandes riesgos» y para calcular el capital mínimo obligatorio de las aseguradoras. La revisión aplica el cambio del índice de precios de consumo de la Unión Europea entre 2015 y 2020.

Modifica el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de deudas con aval público de empresas y autónomos. Las entidades financieras adheridas deben mantener hasta el 30 de septiembre de 2022 los límites y condiciones de las líneas de circulante concedidas a sus clientes.

Modifica las normas contables de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal. Permite revertir el deterioro de valor de instrumentos de patrimonio valorados al coste que no cotizan en mercado activo. Añade una subcuenta contable para registrar esa reversión.

Modifica el acuerdo que regula el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19. Ajusta los criterios de elegibilidad y las condiciones de las ayudas para que más empresas medianas viables puedan acceder al fondo.

Establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, creado por el Real Decreto-ley 5/2021. Fija los criterios de elegibilidad, las condiciones de las operaciones y las competencias de la gestora COFIDES y del Comité Técnico de Inversiones.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Código de Buenas Prácticas para renegociar la financiación avalada de empresas y autónomos. Ordena al ICO, CERSA y CESCE ampliar los vencimientos de avales y coberturas de crédito y fija cómo se adhieren las entidades financieras.

Establece los criterios y el procedimiento para repartir, aplicar y gestionar los fondos que financian planes de formación para empleados públicos de la Administración General del Estado. Fija un régimen de concurrencia competitiva abierto a entidades de formación acreditadas o inscritas.