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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Modifica la Ley 5/2017 sobre la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la Región de Murcia. Suprime prerrogativas reconocidas a determinados agentes sociales y actualiza la norma para ampliar el diálogo social.

Regula cómo participan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía en los órganos públicos y en los espacios de diálogo social. Establece criterios de representatividad, derechos y deberes, y una compensación económica por esa participación.

Modifica el Reglamento interno del Consejo Económico y Social para fijar cómo se compone el Grupo Segundo: veinte consejeros designados por las organizaciones empresariales más representativas, en proporción a su representatividad.

Regula la concesión directa de una subvención a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) para impulsar la economía social. La subvención se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se financia con fondos europeos.

Establece el procedimiento para renovar las vocalías de las organizaciones sindicales y empresariales en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando cambia la composición de los grupos de representación. Regula el inicio del procedimiento, el cese y nombramiento con acuerdo, el nombramiento sin acuerdo y un sorteo público.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de Pymes y anula el Real Decreto 1027/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo con fondos Next Generation EU.

Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las financia la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Modifica el anexo I del Real Decreto 550/2014, que fija los requisitos para ser reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) en el sector agroalimentario. Revisa los volúmenes de facturación exigidos para obtener ese reconocimiento.

Modifica el régimen sancionador del Decreto ley 11/2020 para adaptarlo a las medidas de control de la COVID-19, como la exigencia del Certificado COVID Digital UE en ciertos establecimientos según el nivel de alerta sanitaria. También regula un régimen excepcional para obras en suelo urbano y modifica normas sobre mecenazgo cultural y carreteras.

Convoca por segunda vez ayudas directas para autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España, y amplía quiénes pueden solicitarlas. También modifica las bases de las ayudas a la contratación para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Permite que ciertas organizaciones de empleadores, trabajadores y ONG presenten reclamaciones colectivas ante el Consejo de Europa cuando consideren que un Estado no aplica correctamente la Carta Social Europea. España aplica el Protocolo de forma provisional.

Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para financiar actividades de digitalización del sector productivo. Establece quiénes pueden recibirlas, el procedimiento, las obligaciones, los gastos subvencionables y la justificación y control del dinero.

Regula la concesión directa de una subvención a la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) para que sus buques admitan alumnos de Marina Mercante en prácticas durante 2020. Las prácticas a bordo son un requisito para obtener el título profesional de marina mercante.

Regula la participación institucional y el diálogo social permanente de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Incluye además medidas sobre contratación pública, subvenciones, entidades del sector público y materia tributaria.