Ley 6/2024, de 20 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La participación, entendida genéricamente como tomar parte, intervenir, contribuir y colaborar, se califica como «institucional» cuando se articula mediante la inserción estable en las estructuras administrativas de sujetos colectivos que representan los diversos grupos e intereses presentes en una sociedad plural.

Dicha participación es una de las múltiples formas que puede revestir el impulso del diálogo social y su implantación es un rasgo distintivo de las sociedades democráticas más avanzadas, en las que existe un eficaz y fluido diálogo entre las distintas instituciones de gobierno y los agentes económicos y sociales.

La institucionalización del diálogo social se materializa, entre otras formas, mediante la presencia de representantes de las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en determinados órganos constituidos por las distintas entidades públicas, así como en otros ámbitos de negociación, concertación o diálogo social.

Los fundamentos jurídicos de la participación institucional se hallan tanto en las propias normas superiores del Estado español como en la jurisprudencia que las interpreta. Así se desprende de varios artículos de la Constitución española, como el 7, en el que se establece que las organizaciones sindicales y empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; en el 9.2, en el que se determina que los poderes públicos facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social; y en el 129.1, que regula las formas de participación de los interesados en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general. En términos similares, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en los artículos 10.3.20.º, 26.2, 37.1.12.º y 159, reconoce como objetivo básico de la Comunidad Autónoma el diálogo y la concertación; que estos se impulsen mediante la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, garantizando a estas su función relevante, con un mandato expreso de ley.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que con la participación institucional se pretende garantizar tanto la corrección del procedimiento administrativo como la tutela de los derechos e intereses legítimos de las organizaciones sindicales y empresariales, estableciendo cauces para que su voz pueda ser oída en la adopción de todas aquellas decisiones que les afectan. De ahí que tanto la Constitución española como el actual Estatuto de Autonomía para Andalucía hayan configurado esta participación como uno de los elementos centrales en la estructura política de nuestro estado social y democrático de derecho; como una fórmula básica destinada a mejorar la calidad de la democracia, favorecer un buen sistema de gobierno y propiciar una mejor administración. Para articular esta participación caben considerar los criterios legalmente establecidos sobre «mayor representatividad» que se encuentran recogidos en las normas básicas del Derecho social, como los artículos 6.2, y 7.1 y la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, en relación a los sindicatos, y la disposición adicional sexta del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en relación con las organizaciones empresariales. Una lectura conjunta de estos preceptos lleva a concluir que las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas contribuirán a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, a través de la promoción de la participación en la vida pública, política, económica y social.