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Establece las condiciones para flexibilizar las restricciones del estado de alarma por COVID-19 en la fase 3 del plan de transición. Regula la libertad de circulación, la apertura de comercios, hostelería, hoteles, cultura, deporte, turismo y otros actos, con medidas de higiene y aforo.

Aclara cómo afecta el fin de la suspensión de los plazos administrativos, desde el 1 de junio de 2020, a actuaciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y a los Registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Indica qué plazos se reanudan y cuáles siguen suspendidos.

Fija los precios de activación para 2020 que aplican las organizaciones de productores pesqueros reconocidas en España cuando usan el mecanismo de almacenamiento de la organización común de mercados. Incluye el precio de la gamba congelada y los costes técnicos y financieros del almacenamiento.

Amplía la lista de puertos españoles designados como puntos de entrada con capacidad para atender emergencias de salud pública internacional, añadiendo el puerto de Motril. La medida se enmarca en las restricciones de entrada de buques de pasaje por el COVID-19.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Pone fin, desde las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020, a la adjudicación directa a Air Europa del transporte aéreo regular entre Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza. La medida se adopta porque otra compañía comunicó que empezaría a operar esas rutas desde esa fecha.

Pone fin, desde las 00:00 horas del 27 de mayo de 2020, a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo regular en varias rutas del archipiélago canario que prestaba la compañía Binter Canarias. La medida se aplica porque una compañía aérea inicia operaciones bajo las nuevas condiciones de la fase I de la desescalada.

Modifica dos órdenes del Ministerio de Sanidad dictadas durante el estado de alarma por el COVID-19: una sobre gestión de residuos y otra sobre la flexibilización de restricciones en la fase 2 del plan de transición hacia la nueva normalidad.

Amplía el plazo para que las Comunidades Autónomas ejecuten las actuaciones de los programas de cooperación territorial de orientación y refuerzo educativo financiados en 2018 y 2019. La ampliación equivale al tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas, más dos meses, con límite del 31 de diciembre de 2021 para el acuerdo de 2019.

Amplía la lista de puertos españoles designados como puntos de entrada con capacidad para atender emergencias de salud pública internacional. Añade los puertos de Santander y Alicante a los ya previstos en la normativa sobre entrada de buques de pasaje durante la crisis del COVID-19.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Prorroga el estado de alarma declarado por el COVID-19 hasta las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020. Fija el procedimiento para la desescalada y el marco de acuerdos con las comunidades autónomas, y mantiene la suspensión de plazos procesales y administrativos.

Establece medidas urgentes en educación en Extremadura para hacer frente a los efectos del COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos administrativos educativos, el proceso de admisión de alumnado, los conciertos educativos y las subvenciones a escuelas infantiles.

Establece ayudas urgentes de la Junta de Extremadura para mantener y recuperar el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye subvenciones para personas autónomas, microempresas, centros especiales de empleo, trabajadores por cuenta ajena afectados por regulaciones temporales de empleo, el ámbito agrario y empresas turísticas.

Permite aplicar con más flexibilidad algunas restricciones del estado de alarma por COVID-19 en pequeños municipios y entes locales de ámbito territorial inferior. Regula desplazamientos de menores, actividad física, higiene, mercados al aire libre, hostelería y servicios sociales en esos territorios.