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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley regula los festejos taurinos populares en Euskadi, como encierros y sokamuturras, con normas de autorización, seguridad, bienestar animal y protección de menores. También fija un régimen de inspección y sanciones.

Modifica la Ley de Espectáculos Públicos de Asturias para añadir un nuevo artículo 8 bis. Este artículo crea un régimen de declaración responsable para espectáculos públicos y actividades recreativas en directo de escasa incidencia o entidad.

Habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en procesos penales por delitos de incendio forestal, desórdenes públicos en espectáculos y delitos contra el patrimonio cultural. Para ello modifica tres leyes autonómicas.

Crea y regula la Unidad técnica de apoyo y coordinación de las autoridades de vigilancia en materia de requisitos de accesibilidad. Esta unidad apoya a las autoridades que vigilan el mercado de productos y la conformidad de servicios accesibles, en aplicación de la Ley 11/2023.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) actualiza los precios públicos de los espectáculos en sus salas y de servicios de sus centros, y fija las condiciones para aplicarlos. También unifica descuentos, abonos y precios por entrada.

Modifica la Instrucción técnica complementaria número 9 del Reglamento de Explosivos, que fija las normas de diseño y emplazamiento de fábricas y depósitos de explosivos. Amplía los establecimientos, instalaciones o edificaciones protegidos por las distancias de seguridad al entorno y aclara qué se entiende por núcleo de población y por edificio no peligroso con presencia permanente de personas. También regula la carga de las unidades de transporte de explosivos en fábricas y depósitos.

La resolución aprueba los precios públicos que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales cobra por los servicios y actividades de la Filmoteca Española, como préstamo de copias, reproducciones, cesiones de imágenes, acceso a salas de proyección y talleres. También establece exenciones y precios reducidos para ciertos colectivos y deja sin efecto los precios anteriores de 2020.

Modifica el artículo 5 de la Ley Foral 2/1989 para exigir que los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas cumplan el Código Técnico de Edificación al obtener la licencia de actividad. Además, excluye la aplicación en Navarra de varios artículos del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos de 1982.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para cambiar la terminología con la que se refieren a las personas con discapacidad y eliminar términos peyorativos. Los cambios afectan a normas de gobernanza, hacienda pública, consumo, ámbito social y sanitario, espectáculos públicos, deporte y cultura.

Modifica la Ley 9/2017 que regula las corridas de toros y la protección de los animales en las Illes Balears. Cambia el artículo 12 y el artículo 5 de esa ley. La norma entra en vigor según su disposición final.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Establece el régimen jurídico para el uso civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS o drones) en España y modifica varias normas reglamentarias sobre control de importación, demostraciones aéreas, lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, aeronavegabilidad, licencias, matriculación de aeronaves, compatibilidad electromagnética, reglamento del aire y notificación de sucesos.