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Regula las prestaciones económicas para personas con grado III+ de dependencia extrema en Cataluña y modifica la Ley 12/2007 de servicios sociales. Establece las cuantías máximas de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Amplía de dos a tres años el plazo máximo de los acuerdos de provisión directa con entidades privadas que prestan servicios sociales de la red pública en Cataluña. Estos acuerdos son un paso provisional mientras las entidades se acreditan e integran en el sistema de concierto social.

Modifica la Ley de educación de Cataluña para regular los equipamientos escolares, la financiación del primer ciclo de educación infantil y la estabilidad financiera de programas de formación e inserción. Se aprueba como decreto-ley por la urgencia de las necesidades educativas y la prórroga presupuestaria.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que cobran Pensiones No Contributivas, Fondo de Asistencia Social o Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y residen en Canarias, para hacer frente a efectos sociales de la COVID-19 en 2022. También modifica algunos puntos de la Ley 5/2022 de Renta Canaria de Ciudadanía.

Actualiza el importe del complemento mensual por cada menor a cargo en la Prestación Canaria de Inserción. También autoriza ceder datos de las personas beneficiarias a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias para programas piloto de inclusión social.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Establece un aumento extraordinario del 15 % en la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital durante mayo, junio y julio de 2022. También sube la cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda y de la ayuda de urgencia para el consumo energético.

Establece medidas fiscales y de gestión para paliar los efectos de la erupción volcánica en La Palma. Incluye aplazamientos de impuestos, tipos reducidos en tributos canarios y la creación de órganos de coordinación para la reconstrucción.

Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Modifica la Ley de Salud Pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a la COVID-19. Incluye una disposición que limita los precios y tarifas de las pruebas diagnósticas.

El Decreto-ley aprueba medidas urgentes para 2021 en Baleares: suprime el ingreso a cuenta del impuesto sobre estancias turísticas, permite renunciar al régimen de estimación objetiva y reduce el tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para ciertas operaciones de financiación. También modifica normas sobre renta social garantizada, servicios sociales, cambio climático, farmacia y espacios naturales.

Modifica la normativa canaria de atención a la infancia para que los centros de atención inmediata funcionen como dispositivos de emergencia para acoger a menores extranjeros no acompañados. También cambia el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores.

Establece una prestación extraordinaria para paliar los efectos sociales de la COVID-19 en Canarias. Va dirigida a personas que cobran pensiones no contributivas, el Fondo de Asistencia Social, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y la Prestación Canaria de Inserción. Regula su cuantía, pago, financiación y beneficiarios.

Modifica la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción para coordinarla con el Ingreso Mínimo Vital estatal. Ajusta requisitos y trámites de la prestación canaria y prevé la cesión de datos de sus perceptores a la Seguridad Social.

Modifica el régimen sancionador de las Illes Balears para la COVID-19 y regula los contratos de patrocinio institucional. Aclara que también son infracción la comercialización, organización y publicidad de reuniones o fiestas que puedan causar aglomeraciones.

Regula los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat y los ayuntamientos para adquirir viviendas, con el fin de ampliar el parque público de vivienda en la Comunitat Valenciana. Establece los procedimientos para ejercer estos derechos y las condiciones de las viviendas adquiridas.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears: la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas, una renta de emancipación para jóvenes tutelados y ayudas de urgencia social. Establece requisitos, importes, duración, gestión y régimen sancionador.