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Crea y regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, donde se inscriben entidades habilitadas para presentar por vía electrónica solicitudes de extranjería en nombre de otras personas. La orden fija los órganos competentes, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de los colaboradores y su baja del registro.

Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.

Crea la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña, que une la atención social y la sanitaria en un mismo organismo. Regula sus objetivos, funciones, órganos de gobierno, personal, presupuesto y patrimonio, y prevé instrumentos de planificación, innovación y evaluación.

Crea el Certificado profesional en Habilitación para la docencia en grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional, de la familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Fija su currículo y las ofertas de grados B y A incluidas en él.

Suprime el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras y su anexo de Tarifa, y crea un nuevo centro en Algeciras en otra ubicación. La Dirección General de la Policía se encarga de trasladar a los internos y reorganizar los recursos humanos.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para el ejercicio presupuestario 2026. El dinero financia la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra varios apartados del artículo 30 y del artículo 45 de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2024. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra el artículo 97 de la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, que añade tres apartados a la disposición adicional séptima de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Sube un 6 % los importes de las plazas en conciertos sociales y convenios con ayuntamientos de la Región de Murcia. Afecta a centros de día, atención residencial y promoción de la autonomía personal de personas mayores y personas con discapacidad, y al servicio de atención temprana. El aumento se aplica desde el 1 de enero de 2025.

Fija las cuantías de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de los complementos de las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad en Aragón. Se actualizan conforme al IPC y al incremento de las pensiones no contributivas estatales.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026. Fija los gastos e ingresos de la Administración general, organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, y regula las retribuciones del personal y las aportaciones de las diputaciones forales.

Regula el derecho de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia a acceder a espacios públicos, transportes, lugares de trabajo y espacios privados de uso colectivo en la Comunitat Valenciana. Establece cómo se reconoce, identifica, suspende y pierde la condición de perro de asistencia, y fija un régimen de infracciones y sanciones.

Regula las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social en Andalucía y crea cauces de diálogo y colaboración con las administraciones públicas. Establece medidas de promoción, una Estrategia de Promoción y un Observatorio Andaluz del Tercer Sector.

Regula los requisitos y el procedimiento para que los centros, servicios y entidades privadas que atienden a personas en situación de dependencia en Ceuta y Melilla obtengan la acreditación administrativa. Fija requisitos de calidad, recursos humanos y reglas para la vigencia, renovación y revocación de la acreditación.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aporta 4 millones de euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ejecutar proyectos en 2026 sobre reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, movilidad laboral e inclusión social.

Modifica la ley cántabra de reconocimiento a las víctimas del terrorismo para ampliar y precisar las ayudas autonómicas complementarias a las estatales. Fija un porcentaje del 30 por 100 para daños personales y ayudas extraordinarias, reduce el requisito de empadronamiento y prevé efectos retroactivos y un plazo extraordinario de solicitud.