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Fija cuánto dinero del Tramo 2 del Fondo COVID-19 recibe cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad Autónoma. El Tramo 2 reparte 3.000 millones de euros, sobre todo según el gasto sanitario. La orden concreta los importes definitivos de cada territorio.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 33/2020, que adopta medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para conceder avales públicos a autónomos y empresas, extiende los vencimientos y carencias de financiación avalada y permite avalar pagarés del MARF. También incluye medidas sobre gasoductos, subastas de derechos de emisión y tipos de IVA reducidos en bienes sanitarios.

Modifica dos decretos-ley anteriores para ampliar medidas sociales y sanitarias frente a la COVID-19 en los servicios sociales. Incluye más servicios y modalidades de financiación pública, como las plazas con prestación económica vinculada, y aclara hasta cuándo se aplica el abono previsto.

Publica un acuerdo que modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El cambio afecta a las titulaciones y cualificaciones exigidas al personal que trabaja en ese sistema.

Crea subvenciones para entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, con el fin de apoyarlas ante el aumento de demandas sociales por la crisis del COVID-19. Regula los gastos subvencionables, las entidades beneficiarias, el procedimiento de concesión y la cuantía y financiación.

Crea el Programa de atención dental de Cataluña para incluir la salud bucodental en la atención pública, con servicios gratuitos para determinados grupos. Regula también la recogida de información, el seguimiento de la práctica odontológica y una Oficina de Salud Bucodental.

Establece medidas presupuestarias para aplicar el plan de contingencia en residencias y centros de día de personas mayores y personas con discapacidad, con el fin de prevenir brotes de COVID-19. También mantiene vigentes normas sobre infancia y adolescencia y modifica un decreto-ley anterior en materia social.

Actualiza la Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Revisa los procedimientos para reconocer las prestaciones y facilita su tramitación por la Sede Electrónica. Incluye disposiciones transitorias y una derogatoria.

Da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que declara actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19. El acuerdo recoge medidas de control en ocio nocturno, hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados y consumo de tabaco y alcohol en la vía pública.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades que colaboren en ejecutar y seguir las medidas alternativas a la prisión y ciertos programas de atención social. Regula quién puede pedirlas, cómo se solicitan, valoran y justifican, y cómo se controlan y reintegran.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Fija el reparto definitivo de 2.000 millones de euros del tramo 3 del Fondo COVID-19 entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Este tramo se distribuye según criterios ligados al gasto en educación. El pago se hará antes de que acabe septiembre de 2020.

Aprueba un sexto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye compensaciones a concesionarias de transporte interurbano, ajustes en la renta garantizada, autorizaciones excepcionales para energía eólica y varias medidas tributarias y de apoyo al personal sanitario y a las empresas.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.