Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

La situación de emergencia sanitaria en que, como consecuencia de la pandemia global del COVID-19, se encuentra España ha supuesto un impacto sin precedentes, por su rapidez e intensidad, en las estructuras sociales, económicas y laborales de nuestro país. En este sentido, aunque las necesidades sanitarias de la población general remitan, resulta previsible que se acentúen paulatinamente otras necesidades de carácter socioeconómico del conjunto de la sociedad y, muy especialmente, de los grupos de población más vulnerables.

Dichas necesidades, sin duda preexistentes a la situación de crisis sanitaria, se están viendo intensificadas en su gravedad y diversificadas en su tipología. En consecuencia, los poderes públicos deben, bajo el mandato implícito al carácter social y democrático de Derecho del Estado, abordar con carácter urgente las consecuencias socioeconómicas de un fenómeno, la crisis sanitaria, que está deteriorando de forma acelerada las condiciones de vida de la población.

Resulta innegable que en la provisión del bienestar social las entidades del Tercer Sector de Acción Social vienen desempeñando, desde hace décadas, un papel de creciente importancia, en colaboración y con el impulso y el apoyo de las administraciones públicas. Actualmente, la acción de las entidades del Tercer Sector de Acción Social constituye un apoyo fundamental para la realización efectiva de los derechos sociales, especialmente entre la población en riesgo de exclusión social.

En este sentido, las entidades del Tercer Sector de Acción Social vienen realizando un esfuerzo sin precedentes en nuestra historia reciente a la hora de atenuar el impacto que la crisis sanitaria está teniendo en las condiciones de vida de buena parte de la sociedad española. El rápido despliegue de medios por parte de dichas entidades se ha traducido en que, con sus propios recursos, materiales, humanos y financieros, hayan tenido que abordar diversas necesidades sociales sobrevenidas que, presumiblemente, pueden prolongarse e intensificarse en los próximos meses. La reorientación de los recursos del Tercer Sector de Acción Social a afrontar la situación de emergencia sanitaria ha debilitado considerablemente tanto la capacidad de actuación como las propias estructuras centrales de las principales entidades.

Así, una de las consecuencias de la extraordinaria situación actual (crisis sanitaria, económica y social) ha sido el incremento exponencial de las demandas sociales a las entidades del Tercer Sector de Acción Social unido a la incapacidad de estas de hacer frente a dichas demandas con unos medios que se han mantenido, en el mejor de los casos, estables en el tiempo. Por otra parte, al igual que el tejido empresarial, el tejido asociativo vinculado al Tercer Sector de Acción Social viene sufriendo una serie de tensiones sin precedentes que pone en peligro la propia supervivencia de muchas entidades, cuya labor resulta fundamental para promover el bienestar de buena parte de la sociedad española. Resulta significativo, en este sentido, que el Tercer Sector de Acción Social en su conjunto se ha visto obligado a realizar este esfuerzo extraordinario a través de unas estructuras que todavía no se habían repuesto de la crisis financiera global del año 2008.