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Modifica el Real Decreto 258/1999 para actualizar el contenido obligatorio de los botiquines a bordo de los buques. Adapta la normativa española a la Directiva (UE) 2019/1834, que cambia los anexos sobre material sanitario de los botiquines.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Actualiza en 2021 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, entes, sociedades, fundaciones y consorcios públicos. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales, tasas y gestión de fondos europeos.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Modifica el régimen sancionador de las Illes Balears para la COVID-19 y regula los contratos de patrocinio institucional. Aclara que también son infracción la comercialización, organización y publicidad de reuniones o fiestas que puedan causar aglomeraciones.

Establece que los criterios y normas de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios se apliquen a los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas. Regula la inscripción, fabricación, almacenamiento, distribución, dispensación, vigilancia e inspección de estos productos en el ámbito militar.

Actualiza en 2020 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Sanidad durante 2020 a varias entidades y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones que se financian, el procedimiento, las cuantías y la forma de justificar el dinero.

Actualiza la Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Revisa los procedimientos para reconocer las prestaciones y facilita su tramitación por la Sede Electrónica. Incluye disposiciones transitorias y una derogatoria.

Regula una ayuda para la compra de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud en Canarias. Está dirigida a pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con renta anual inferior a 18.000 euros. La norma fija quién puede recibirla, cómo se acredita, su cuantía, el abono y el procedimiento de gestión.

Establece que los medicamentos huérfanos quedan fuera del sistema de precios de referencia del Sistema Nacional de Salud. Se aplica cuando no hay alternativa terapéutica con la misma indicación o, si la hay, cuando el medicamento aporta un beneficio clínico relevante. El precio se revisa si se comprueba que es económicamente viable.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.

Modifica una orden anterior para que, durante el estado de alarma por COVID-19, los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU puedan recoger en la farmacia sus medicamentos sin el sello de visado previo y con recetas prorrogadas. Así se evita que tengan que acudir al médico solo para renovar recetas de tratamientos crónicos.

Establece condiciones para dispensar y administrar medicamentos en el Sistema Nacional de Salud durante la crisis sanitaria del COVID-19. Limita la dispensación hospitalaria a dos meses de tratamiento y permite excepcionalmente llevar medicamentos a pacientes no hospitalizados y a participantes en ensayos clínicos.