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El Congreso de los Diputados aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, y ordena su publicación. La norma había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2020.

España acepta que Kazajistán se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entra en vigor entre ambos países el 5 de diciembre de 2020.

España acepta que el Principado de Andorra se adhiera al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil. El Convenio entra en vigor entre España y Andorra el 5 de diciembre de 2020.

España acepta que Costa Rica se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entrará en vigor entre ambos países el 5 de diciembre de 2020.

España acepta que Brasil se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entrará en vigor entre ambos países el 5 de diciembre de 2020.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Declara nulos varios preceptos por no justificarse el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad o por falta de conexión con él.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el artículo 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que impedía recurrir en revisión los decretos de los letrados de la administración de justicia que resolvían un recurso de reposición. La sentencia anula ese precepto por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.