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Establece las bases para convocar ayudas a entidades que inviertan en fabricar dispositivos médicos, equipos de protección personal y otros productos considerados de emergencia por el COVID-19 durante 2020. Regula quién puede recibirlas, qué gastos se financian, cómo se solicita y se justifica el dinero.

Deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo previsto en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Modifica ese texto refundido para eliminar esa causa de extinción del contrato.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Permite adaptar las condiciones de realización de las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad en el curso 2019-2020. Se dirige a centros españoles en el exterior, programas educativos e internacionales, alumnado de sistemas extranjeros y enseñanzas a distancia, por la situación sanitaria del COVID-19.

Regula cómo se eliminan los residuos depositándolos en vertederos. Establece qué residuos pueden admitirse, cómo se autorizan y controlan las instalaciones y qué obligaciones tienen al cerrarse. También fija objetivos para reducir el vertido y criterios de admisión.

Aprueba un cuarto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Incluye medidas tributarias, como la reducción de pagos de impuestos y la ampliación de plazos, y permite usar de forma temporal el Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que establece medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas restrictivas para los buques de pasaje tipo crucero con destino a puertos españoles tras el fin del estado de alarma por la COVID-19. Sustituye la prohibición de entrada que estaba vinculada al estado de alarma por nuevas condiciones sanitarias.

Publica un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior con recomendaciones sanitarias para la actividad comercial tras el estado de alarma por COVID-19. Las comunidades y ciudades autónomas pueden aplicarlas en sus territorios para mantener un marco común de seguridad.

Prorroga los controles temporales en las fronteras interiores con Portugal desde las 00:00 del 21 de junio hasta las 24:00 del 30 de junio de 2020. Solo permite entrar por esas fronteras a determinados grupos de personas, como ciudadanos españoles, residentes o quienes viajen por motivos laborales acreditados.

Prorroga los criterios para denegar la entrada a España desde terceros países por razones de orden público y salud pública durante la crisis del COVID-19. También permite cerrar puestos habilitados de entrada.

Modifica el Decreto-ley 12/2020 para ajustar las medidas del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) frente a la COVID-19. Regula el pago a las entidades sanitarias y su capacidad de tesorería.

Modifica dos órdenes anteriores para ajustar las medidas de flexibilización de restricciones por el COVID-19 en las fases 2 y 3 del plan de transición hacia la nueva normalidad. Concreta qué actividades y desplazamientos se permiten en cada fase.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

El Congreso autoriza prorrogar el estado de alarma por el COVID-19 desde las 00:00 del 7 de junio hasta las 00:00 del 21 de junio de 2020, con las condiciones del Real Decreto 463/2020 y del plan de desescalada.

Prorroga el estado de alarma declarado para gestionar la crisis sanitaria del COVID-19 y fija su duración. Regula el procedimiento para la desescalada, los acuerdos con las comunidades autónomas y el mantenimiento de las medidas adoptadas por las autoridades competentes.