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Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la multirreincidencia en delitos contra el patrimonio. Introduce cambios en varios artículos del Código Penal y nuevos supuestos agravados, como el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales.

Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir que un hecho sea delito también en el país donde se cometió (doble incriminación) para perseguir a españoles por delitos cometidos en el extranjero. La renovación dura tres años desde el 1 de agosto de 2025.

Crea la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y fija su composición y funcionamiento. La Comisión coordina y supervisa las actuaciones de los ministerios para aplicar el Plan, que se organiza en cinco ejes: prevención, protección de quienes informan, investigación y sanción, recuperación de activos y cultura de integridad.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, que sustituye a la de 2019-2023. La orden publica el acuerdo y su texto como anexo para conocimiento general.

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., un organismo estatal con autonomía e independencia del Gobierno. El Estatuto regula su organización, personal, presupuesto, contratación y funcionamiento para proteger a quienes denuncian infracciones normativas.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Modifica el Código Penal para reforzar la protección de los animales. Amplía los animales protegidos a todos los vertebrados, incluidos los silvestres, y actualiza los delitos de maltrato, explotación sexual y abandono.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir la doble incriminación para perseguir delitos de corrupción cometidos por españoles en el extranjero. La renovación vale tres años desde el 1 de agosto de 2022.

Modifica el Código Penal para adaptarlo a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. También cambia normas procesales para revisar sentencias y recursos.