Buscar en el BOE

Modifica dos leyes de la Comunitat Valenciana: la de Transparencia y Buen Gobierno y la de Incompatibilidades de cargos públicos no electos. Cambia el régimen de incompatibilidades de los altos cargos y el de publicidad de sus declaraciones y agendas. También ajusta el plan de gobierno, los informes normativos y el anuncio de la consulta pública previa.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para simplificar y agilizar el funcionamiento de sus instituciones y organismos. Regula el estatuto de los expresidentes, la evaluación posterior de las normas y crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2023 de la Comunidad de Madrid, que simplifica y mejora la eficacia de sus instituciones y organismos. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores y también impugna varios artículos concretos de esa ley.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

Esta ley elimina el artículo 13 bis de la Ley 1/2014, que regula el estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La norma entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Regula la Presidencia y el Gobierno de Canarias: cómo se elige y nombra al presidente o presidenta, sus funciones, deberes y derechos, el cese y la suplencia. También ordena la composición y el funcionamiento del Gobierno, sus atribuciones y sus relaciones con el Parlamento de Canarias.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2023, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, entes, sociedades, fundaciones y consorcios públicos. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

Fija las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal un aumento adicional del 1,5 % en sus retribuciones, con efectos desde el 1 de enero de 2022. El aumento se abona en la nómina de noviembre de 2022, junto con los atrasos de enero a octubre. También indica cómo se solicitan los atrasos en casos de cambio de destino, jubilación, fallecimiento o personal laboral.

Modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aclara qué puestos directivos tienen la consideración de altos cargos, regula la asistencia del Director General Adjunto del Servicio Jurídico a las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo, y convierte el Comité de Dirección en un órgano obligatorio.

Regula la transparencia de la actividad pública de la Generalitat Valenciana y el derecho de acceso a la información pública. Establece obligaciones de publicidad activa, un Portal de Transparencia y reglas de buen gobierno para los altos cargos. Crea el Consejo Valenciano de Transparencia y un régimen sancionador.

Reúne en un solo texto las normas que regulan el Presidente o Presidenta y el Gobierno de Aragón. Ordena sus funciones, su forma de funcionar, el régimen del Gobierno en funciones y cómo elabora leyes y reglamentos.

Elimina el límite de dos mandatos para ser presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Deroga el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 6/2004, que impedía ser elegido presidente a quien ya hubiera ocupado el cargo durante dos mandatos.

Modifica la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares para aclarar cómo se nombra a los titulares de los órganos directivos de los cabildos y qué condición tienen (cargo público). También deroga normas anteriores y fija cuándo entra en vigor.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.

Modifica el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, que regula la situación de cargos públicos electos o de libre designación investigados por delitos de corrupción. Establece que, al conocer un auto judicial que les atribuye la condición de investigados por determinados delitos del Código Penal, su permanencia en el cargo se entiende incompatible con la confianza ciudadana y el prestigio institucional.