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Establece un acuerdo entre España y Qatar para que las personas condenadas a pena de privación de libertad en uno de los dos países puedan cumplir su condena en su país de origen. Regula las condiciones, el procedimiento y las autoridades que gestionan las solicitudes de traslado.

España acepta la adhesión de Malta al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil. Con esta aceptación, el convenio se aplica entre España y Malta.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre mecanismos y estructuras que se usan para eludir la comunicación de datos fiscales. Define qué se considera mecanismo sujeto a comunicación, los plazos y el procedimiento del intercambio, y las reglas de confidencialidad.

Sustituye el Reglamento de Adopción internacional de 2019 para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. La nueva norma devuelve a las comunidades autónomas la competencia para acreditar a los organismos que intermedian en adopciones internacionales. Regula también el inicio y la suspensión de la tramitación por país, el número máximo de expedientes y el registro nacional de organismos acreditados.

Incluye nuevas sustancias psicotrópicas en el anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, que regula la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de estas sustancias. Las sustancias añadidas son la eutilona, la 3-metilmetcatinona (3-MMC) y la 3-clorometcatinona (3-CMC).

Determina qué países y territorios, y qué regímenes fiscales perjudiciales, se consideran jurisdicciones no cooperativas. Actualiza la lista anterior y establece un régimen transitorio para su aplicación.

Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.

Regula cómo se eligen en España los candidatos a Fiscal Europeo y a Fiscal Europeo Delegado. Fija los requisitos, la comisión de selección, la convocatoria y el procedimiento de selección, y la publicación de la propuesta y su comunicación a la Fiscalía Europea.

Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

España ratifica un tratado para enviar por vía electrónica, a través de la plataforma Iber@, las solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Incluye un reglamento que fija cómo se financia esa plataforma.

Crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía Europea en España y aprueba la relación de puestos de trabajo. Esta oficina da apoyo a los Fiscales europeos delegados en la investigación de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión. Adscribe a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia.

Establece el marco para que la Fiscalía Europea use la plataforma del Punto Neutro Judicial y consulte bases de datos de administraciones y organismos con convenio con el Consejo General del Poder Judicial. El acceso requiere una resolución procesal previa y se ajusta a la normativa de protección de datos.

España acepta que Vietnam se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entre ambos países entra en vigor el 13 de marzo de 2022.

Modifica el Real Decreto 2829/1977 para incluir nuevas sustancias psicotrópicas en las listas de fiscalización. Añade sustancias a las listas II y IV del Convenio de la ONU de 1971 y a la normativa europea sobre drogas.

España acepta que Nicaragua se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entrará en vigor entre ambos países el 31 de agosto de 2021.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.