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Modifica el Real Decreto 1463/2018 para precisar cómo se calcula la compensación económica que recibe la Agencia EFE por prestar el servicio público de noticias de titularidad estatal. Ajusta el anexo con nuevas hipótesis de contraste y costes e ingresos evitados.

Crea una vocalía adicional en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que pasa a tener seis vocales. El tribunal resuelve recursos especiales en materia de contratación pública de la Administración General del Estado, siete comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.

Modifica la Ley de Urbanismo de Cataluña y otras normas para adaptar la ordenación del territorio, el urbanismo y la contratación pública a los municipios rurales. Desarrolla medidas de la Ley 8/2025 del Estatuto de municipios rurales para favorecer el arraigo, la repoblación y el equilibrio territorial.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Desarrolla la obligación de usar factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales. Regula el sistema español de factura electrónica, las plataformas privadas de intercambio, una solución pública y el cálculo de los plazos de pago. También modifica el reglamento de obligaciones de facturación.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2026, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias, viento, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Incluye apoyos a personas, viviendas, empresas, explotaciones agrarias y pesqueras, ayuntamientos y medidas fiscales y de empleo.

Regula cómo el Ministerio de Defensa puede comprar material de defensa y participar en proyectos colaborativos de investigación e innovación en el marco de las iniciativas europeas de defensa, incluido el instrumento SAFE. Permite actuar en nombre propio y de otros Estados miembros, con acuerdo previo del Consejo de Ministros.

Fija una lista de subgrupos de clasificación de contratistas de obras en los que, para acreditar la experiencia y asignar categorías, se tendrán en cuenta las obras ejecutadas en los últimos diez años y en el año en curso, en lugar del periodo general de cinco años.

Modifica la norma que regula la declaración sobre la red y el reparto de capacidad en la infraestructura ferroviaria. Adelanta los plazos para solicitar capacidad, impulsa las comunicaciones digitales entre operadores y gestor de infraestructuras y actualiza los criterios de prioridad en tramos congestionados.

Actualiza las cuantías que marcan los umbrales de los contratos del sector público a partir del 1 de enero de 2026, para adaptarlas a los nuevos límites fijados por la Comisión Europea. Afecta a la Ley de Contratos del Sector Público, al Real Decreto-ley 3/2020 y a la Ley 24/2011 de contratos de defensa y seguridad.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Amplía de dos a tres años el plazo máximo de los acuerdos de provisión directa con entidades privadas que prestan servicios sociales de la red pública en Cataluña. Estos acuerdos son un paso provisional mientras las entidades se acreditan e integran en el sistema de concierto social.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2025, con la totalidad de gastos e ingresos del sector público y los beneficios fiscales. Incluye normas sobre personal, gestión del gasto, operaciones de crédito y actualización de tasas.