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El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 8/2022, que modifica la Ley 2/2003 de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía. La sentencia avala que la norma de urgencia está justificada y que la concesión autonómica de autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) no invade competencias estatales ni la autonomía local.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma balear que obliga a reservar con 30 minutos de antelación los servicios de alquiler de vehículos con conductor. Declara nulo ese precepto por vulnerar la libertad de empresa.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Liga Nacional de Fútbol Profesional contra el Real Decreto 958/2020, sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Anula los apartados 1 y 3 del artículo 13 de esa norma y rechaza el resto de peticiones. No impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 958/2020, que regula la publicidad de las actividades de juego. Anula el artículo 23, apartado 1, de esa norma y rechaza el resto de las pretensiones. No impone costas a ninguna de las partes.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación Española de Juego Digital contra el Real Decreto 958/2020, que regula la publicidad de las actividades de juego. Anula varios artículos y apartados concretos de esa norma y rechaza el resto de las pretensiones.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra dos incisos de la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021. La sentencia avala que el juez pueda suspender el lanzamiento de la vivienda habitual de personas sin título que la habitan, también en procesos penales, y que no se aplique la excepción cuando la entrada o permanencia se produjo con intimidación o violencia.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios incisos del Real Decreto-ley 1/2021 que permiten al juez suspender el lanzamiento de la vivienda habitual en procesos penales cuando la habitan personas sin título y en situación de vulnerabilidad. La sentencia analiza si esos incisos respetan los límites del decreto-ley y los derechos de propiedad y tutela judicial.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 52 de la Ley de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid, que fija criterios para calificar las infracciones como leves, graves o muy graves. La sentencia analiza si ese precepto respeta el principio de legalidad sancionadora del artículo 25.1 de la Constitución.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos comercializadoras eléctricas contra el Real Decreto que regula el bono social. Anula los artículos 12 a 17 y declara inaplicable el régimen de financiación del bono social, y reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos comercializadoras eléctricas contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable y el bono social. Anula los artículos 12 a 17 del real decreto y declara inaplicables ciertos preceptos sobre la financiación del bono social.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica, y contra la Orden ETU/943/2017 que lo desarrolla. La sentencia se dicta en los términos del fundamento de derecho séptimo y no impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Clidom Energy, SL contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica. Declara la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social previsto en el artículo 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico y anula los artículos 13 a 16 del real decreto.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Naturgy contra el Real Decreto que regula el bono social eléctrico. Declara que no se aplique el régimen de financiación del bono social previsto en la Ley del Sector Eléctrico y reconoce el derecho de la empresa a ser indemnizada por lo que pagó por ese concepto.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Iberdrola contra el Real Decreto 968/2014, que fija cómo se reparten las cantidades para financiar el bono social eléctrico. Declara inaplicable el régimen de financiación del artículo 45.4 de la Ley 24/2013 y anula los artículos 2 y 3 del real decreto.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Viesgo Infraestructuras Energéticas contra el Real Decreto 968/2014, que fija el reparto de la financiación del bono social eléctrico. Declara inaplicable el régimen de financiación del artículo 45.4 de la Ley 24/2013 y anula los artículos 2 y 3 del real decreto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Real Decreto-ley 1/2017, que regulaba la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Declara nulos los preceptos que excluyen a las personas jurídicas y que imponen costas al consumidor que no acudió antes a la entidad de crédito, y fija una interpretación del precepto sobre costas.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 6/2019 del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. Declara nulos parcialmente los preceptos sobre el documento justificativo de la contratación y el clausulado de los contratos, y anula el precepto sobre titulización de créditos y, por conexión, la infracción administrativa por no comunicar la cesión de créditos a fondos de titulización.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos del Reglamento de adopción internacional. La sentencia declara nulos algunos preceptos de la Ley 54/2007 y de su reglamento que atribuían al Estado funciones ejecutivas en adopción internacional.

El Tribunal Constitucional declara nulo el artículo 40 de la Ley Foral 7/2006 de Navarra, que permitía calificar las infracciones de consumo como leves, graves o muy graves según unos criterios generales. El tribunal considera que ese precepto no concreta qué circunstancias determinan cada calificación y vulnera el derecho a la legalidad sancionadora.