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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir la doble incriminación para perseguir delitos de corrupción cometidos por españoles en el extranjero. La renovación vale tres años desde el 1 de agosto de 2022.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Esa disposición modificaba la Ley reguladora de la jurisdicción social. El tribunal declara nulo ese precepto por incluir una materia ajena a la ley de presupuestos.

Publica el Protocolo de Alertas Espaciales aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. El protocolo fija cómo se difunde la información de seguridad espacial, qué departamentos intervienen y cómo se avisa y evalúa el riesgo ante reentradas de objetos espaciales en áreas de soberanía o jurisdicción españolas.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula un inciso del Real Decreto 855/2021 que modificaba el Estatuto de SEPES. El inciso anulado atribuía a SEPES la ejecución de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana y la reforma de espacios públicos e inmuebles públicos.

Modifica la Resolución de 2017 sobre el uso de la firma electrónica no criptográfica en las relaciones con la Administración General del Estado. Amplía su uso a todos los usuarios registrados en Cl@ve, no solo a los de nivel sustancial o alto. El órgano gestor de cada procedimiento fija el nivel mínimo de identificación exigido.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

Aprueba las bases y abre la convocatoria de 2022 de subvenciones para que las entidades locales transformen digitalmente y modernicen sus administraciones. Está dirigida a las entidades locales que no presentaron proyectos en la convocatoria anterior por el importe máximo que tenían asignado.

Aprueba las bases para dar subvenciones a las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y otras) para digitalizar y modernizar su administración, y abre la convocatoria de 2022. Las ayudas financian la incorporación de tecnologías de la información, la digitalización de procedimientos y la gestión por medios digitales.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 203/2021, que regula la actuación del sector público por medios electrónicos. Anula la disposición transitoria primera de ese real decreto y rechaza el resto de peticiones, sin imponer costas.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Un tribunal de Madrid pregunta si esa disposición vulnera varios artículos de la Constitución. El Pleno del Tribunal se reserva el conocimiento del asunto.

Regula los tipos de cuentas donde se sitúan los fondos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades del sector público administrativo estatal. Establece cómo se autoriza su apertura, uso y cancelación, y el control de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del «Programa TándEM en entidades del sector público estatal», un programa de formación en alternancia con el empleo para jóvenes menores de 30 años no cualificados, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece cómo otras administraciones tributarias españolas pueden pedir a la Agencia Tributaria que envíe peticiones de asistencia mutua a otros países de la Unión Europea para cobrar deudas tributarias. Regula los requisitos, los canales de transmisión de información y el procedimiento para transferir el dinero recaudado.

Modifica la Orden TMS/368/2019, que regula la oferta formativa de formación profesional para el empleo y las subvenciones para financiarla. El cambio permite ampliar los plazos de ejecución de los programas formativos subvencionados ante situaciones como la pandemia de COVID-19 u otras circunstancias sobrevenidas.

Actualiza las cifras que marcan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2022. Sustituye los umbrales anteriores por los fijados por la Comisión Europea en cuatro reglamentos de noviembre de 2021.

Modifica las normas contables de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal. Permite revertir el deterioro de valor de instrumentos de patrimonio valorados al coste que no cotizan en mercado activo. Añade una subcuenta contable para registrar esa reversión.

Establece las bases reguladoras del programa MOVES FLOTAS, que concede ayudas para proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se enmarcan en la transición ecológica.