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El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.6 de la normativa gallega de tributos cedidos, que fijaba un tipo reducido del impuesto de actos jurídicos documentados para sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Galicia. La extinción se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio tribunal.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.6 de la normativa gallega de tributos cedidos, que limita un tipo reducido del impuesto de actos jurídicos documentados a las sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Galicia. La sentencia declara nulo ese precepto por vulnerar la igualdad en materia tributaria.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.seis del texto refundido de tributos cedidos de Galicia. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en el plazo de quince días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.seis de la norma gallega de tributos cedidos. El tribunal que la plantea duda de que ese artículo respete la Constitución y la ley que regula la financiación autonómica. Las partes del procedimiento pueden personarse en 15 días.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, que adopta medidas sobre los recursos de los sistemas de financiación territorial. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Eleva de 30.000 a 50.000 euros el límite por debajo del cual no se exigen garantías al pedir aplazar o fraccionar deudas de tributos cedidos cuya recaudación gestionan las comunidades autónomas. Se aplica tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra una deducción autonómica asturiana en el IRPF para subvenciones y ayudas de la Covid-19 a sectores afectados. La sentencia anula ese precepto porque la comunidad autónoma no puede crear deducciones que afecten al desarrollo de actividades económicas.

Establece cómo deben los ayuntamientos calcular y enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2020, necesaria para la liquidación de su participación en los tributos del Estado de 2022. Fija el 30 de junio de 2022 como fecha límite y regula la comprobación de esos datos por las Delegaciones de Economía y Hacienda.

Determina el importe de la compensación que recibirán las entidades locales por la pérdida de recaudación del IVA de 2017 causada por la implantación del suministro inmediato de información del IVA (SII-IVA). Fija cómo se calcula cada importe, los intereses legales y el procedimiento de pago.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 88 de la Ley catalana 5/2020, que fijaba las cuantías del mínimo personal del tramo autonómico del IRPF. La sentencia declara nulo ese precepto por invadir competencias estatales sobre la hacienda general.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra un artículo de la normativa asturiana sobre tributos cedidos, en la redacción dada por la Ley de Presupuestos de Asturias de 2021. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación del precepto impugnado queda suspendida.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regulaba la participación de los entes locales en fondos autonómicos. La sentencia examina si existía la extraordinaria y urgente necesidad que justifica el uso del decreto-ley.

Establece cómo los ayuntamientos deben enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2019, necesaria para calcular su participación en los tributos del Estado de 2021. Fija el 30 de junio de 2021 como fecha límite y elimina la presentación en papel.