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Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Fija el importe económico de las actuaciones de los profesionales de la Abogacía y la Procura en el servicio de asistencia jurídica gratuita, según el Anexo II del Reglamento aprobado por Real Decreto 141/2021. Estos importes se aplican en años sucesivos en función de las dotaciones presupuestarias.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Fija la fecha de entrada en funcionamiento de nueve juzgados de la programación de 2023 y cambia la fecha de tres juzgados en Canarias, que pasa del 30 de junio al 30 de septiembre de 2024. También establece cuándo son efectivas las agrupaciones para ampliar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Modifica la norma que creó la Oficina de la Fiscalía Europea en España para añadir un servicio de guardia semanal. Este servicio lo harán, de forma rotatoria, funcionarios de los cuerpos de gestión procesal y administrativa o de tramitación procesal y administrativa de esa Oficina.

Eleva a categoría de Magistrado o Magistrada los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar (Almería) y Sagunto (Valencia). Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y fija el régimen retributivo del personal destinado en esos juzgados.

Eleva a categoría de magistrado o magistrada los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario (Las Palmas), Navalcarnero (Madrid) y San Javier (Murcia). Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y fija el régimen retributivo del personal destinado en esos juzgados.

Crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía Europea en España y aprueba la relación de puestos de trabajo. Esta oficina da apoyo a los Fiscales europeos delegados en la investigación de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión. Adscribe a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia.

Fija las fechas en que empiezan a funcionar nueve juzgados creados por el Real Decreto 1050/2020 dentro del plan de unidades judiciales COVID-19. Tres juzgados de lo Social lo harán el 31 de marzo de 2021 y otros seis juzgados el 30 de junio de 2021.

Crea una Unidad Administrativa en la Administración de Justicia para apoyar a los juzgados de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. Esta unidad forma parte del plan de refuerzo de la Justicia frente al COVID-19 y se ocupa de tareas administrativas de apoyo.

Activa la fase 3 del Plan de Desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 9 de junio de 2020. Esta fase busca alcanzar el 100% del trabajo de los efectivos de cada centro de destino, con criterios sobre turnos de tarde, teletrabajo y personal de especial sensibilidad.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

Encarga al Ministro de Justicia coordinar en todo el Estado la actividad de los funcionarios de la Administración de Justicia durante el estado de alarma por el COVID-19. También coordina los servicios de los colegios profesionales, como el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.