Buscar en el BOE

Crea y regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, donde se inscriben entidades habilitadas para presentar por vía electrónica solicitudes de extranjería en nombre de otras personas. La orden fija los órganos competentes, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de los colaboradores y su baja del registro.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del sindicato CGT contra el Real Decreto 402/2025, que regula el procedimiento para anticipar la edad de jubilación con coeficientes reductores. Anula el artículo 10.2.a) y el artículo 12.1, eliminando la exigencia de identificación fiscal en la solicitud de inicio del procedimiento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Anula el inciso «más representativas» del artículo 11.2.c).5.º de ese Estatuto. No impone costas y ordena publicar la sentencia en el BOE.

Publica un acuerdo que reúne en un solo texto la organización de la negociación colectiva en la Administración General del Estado y la asignación de recursos sindicales. Regula los órganos de negociación y las garantías de las organizaciones sindicales, y sustituye acuerdos anteriores.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 709/2024, que crea los órganos de coordinación, seguimiento y participación del II Plan Nacional de Derechos Humanos. Anula el inciso «más representativas» del artículo 4.1.c), 6.º y rechaza el resto de la demanda. No impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 667/2023, que crea la Comisión Interministerial para incluir cláusulas sociales en la contratación pública. Declara nulo el inciso «más representativas a nivel estatal» del artículo 3.1.e).14.º y rechaza el resto del recurso.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 608/2023, que desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Anula el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1483/2012, introducido por la disposición final tercera del decreto impugnado, en lo que excluye a los sindicatos con representación en la empresa de recibir copia de la notificación en las medidas de cierre.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de Pymes y anula el Real Decreto 1027/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo con fondos Next Generation EU.

Modifica las bases de las subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal para planes de formación sobre diálogo social y negociación colectiva. Permite ampliar los plazos de ejecución de las acciones formativas cuando concurran circunstancias excepcionales e imprevisibles.

Establece las bases para que el Instituto de las Mujeres conceda subvenciones a organizaciones sindicales. Estas ayudas financian formación, apoyo y asesoramiento para negociar, elaborar, aplicar y evaluar planes de igualdad de ámbito estatal o supraautonómico.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas a entidades que participan en la contratación colectiva en origen de trabajadores migrantes. Regula el procedimiento, los requisitos de los beneficiarios, los criterios de valoración y la justificación del gasto.

Publica un acuerdo que adapta a la nueva estructura de ministerios el reparto de las mesas y subcomisiones donde la Administración General del Estado negocia con los sindicatos. Actualiza qué ministerios y organismos entran en la mesa general y cómo se componen las mesas delegadas y subcomisiones paritarias.

Publica el acuerdo por el que se reconocen los resultados de las elecciones sindicales de 2019 y se actualiza la representatividad de los sindicatos en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. También modifica el anexo 2.1 del Acuerdo de 16 de diciembre de 2020 solo en lo relativo a esa mesa.

Permite que ciertas organizaciones de empleadores, trabajadores y ONG presenten reclamaciones colectivas ante el Consejo de Europa cuando consideren que un Estado no aplica correctamente la Carta Social Europea. España aplica el Protocolo de forma provisional.

Crea una Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para el personal de la Administración de Justicia no transferido. También modifica el anexo sobre número de miembros y composición de las mesas delegadas.

Aprueba y publica un acuerdo que modifica el de 30 de mayo de 2017 sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación en la Administración General del Estado. Fija la composición de las mesas de negociación, el número de delegados sindicales y los recursos y garantías de las organizaciones sindicales.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.