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El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 1012/2022, que fijaba la estructura de la Abogacía General del Estado y regulaba la inspección de sus servicios y su personal. Como consecuencia, anula ese real decreto y anula en parte varios preceptos del Real Decreto 1040/2022.

Establece las bases para conceder ayudas económicas a personas que preparan oposiciones para entrar en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado. Regula los requisitos, las obligaciones, los criterios de adjudicación y el procedimiento de concesión.

Modifica la norma que crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia para adaptar su composición y funciones a los cambios de estructura del Ministerio. La Comisión es el órgano interno que impulsa y coordina la administración digital en ese departamento.

Crea dos órganos administrativos en el Ministerio de Justicia: la División de Servicios Digitales Departamentales, dependiente de la Dirección General de Transformación Digital, y la División de Oficialía Mayor, dependiente de la Subsecretaría. Regula su creación y adscripción.

Establece que las personas que soliciten becas del Ministerio de Justicia para preparar oposiciones deben hacer todos los trámites por medios electrónicos: presentar la solicitud, aportar documentos y responder a requerimientos. Cada convocatoria indicará el medio electrónico, los sistemas de identificación y firma admitidos y cómo actuar ante fallos técnicos.

Crea una segunda sede electrónica asociada al Ministerio de Justicia, con dirección https://sede2.mjusticia.gob.es, para publicar nuevos procedimientos y servicios y trasladar algunos de los ya existentes en la sede actual.

Modifica la composición de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia para adaptarla a la nueva estructura orgánica del Ministerio. La Comisión es el órgano que coordina la transformación digital dentro del departamento.

Crea la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Justicia y regula su composición y funciones. Sustituye a los órganos creados por una orden anterior de 2015 para adaptarlos a la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

Encarga al Ministro de Justicia coordinar en todo el Estado la actividad de los funcionarios de la Administración de Justicia durante el estado de alarma por el COVID-19. También coordina los servicios de los colegios profesionales, como el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.