Buscar en el BOE

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 1012/2022, que fijaba la estructura de la Abogacía General del Estado y regulaba la inspección de sus servicios y su personal. Como consecuencia, anula ese real decreto y anula en parte varios preceptos del Real Decreto 1040/2022.

Establece las bases para conceder ayudas económicas a personas que preparan oposiciones para entrar en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado. Regula los requisitos, las obligaciones, los criterios de adjudicación y el procedimiento de concesión.

Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.

Crea en el Ministerio de Justicia el Registro Central de Titularidades Reales, único para todo el país, y aprueba su reglamento. El registro reúne datos sobre quién es el titular real de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica españolas, y regula quién puede acceder a esa información y cómo.

Aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son órganos técnicos que auxilian a la Justicia con pruebas periciales médicas y de laboratorio. Regula su organización, personal, actividades de formación e investigación y colaboración con otras instituciones.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Modifica la norma que crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia para adaptar su composición y funciones a los cambios de estructura del Ministerio. La Comisión es el órgano interno que impulsa y coordina la administración digital en ese departamento.

Actualiza la estructura orgánica del Ministerio de Justicia y de la Abogacía General del Estado. Corrige el reparto de funciones entre sus centros directivos y aclara el régimen de tratamiento de datos y de servicios digitales. También modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.

Establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado y regula la inspección de sus servicios. También fija normas sobre el personal que trabaja en ella, incluidos los Abogados del Estado.

Regula cómo se eligen en España los candidatos a Fiscal Europeo y a Fiscal Europeo Delegado. Fija los requisitos, la comisión de selección, la convocatoria y el procedimiento de selección, y la publicación de la propuesta y su comunicación a la Fiscalía Europea.

Crea dos órganos administrativos en el Ministerio de Justicia: la División de Servicios Digitales Departamentales, dependiente de la Dirección General de Transformación Digital, y la División de Oficialía Mayor, dependiente de la Subsecretaría. Regula su creación y adscripción.