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Actualiza la norma que organiza las Delegaciones de Economía y Hacienda para incorporar cambios aprobados desde 1999. Elimina referencias a las Direcciones de Comercio, a los Centros Regionales del Instituto de Estudios Fiscales y a las competencias sobre Loterías y Apuestas del Estado.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Aprueba un sistema de firma electrónica no criptográfica para los documentos y trámites de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado. Este sistema lo usan los sistemas de información que gestionan los fondos europeos.

Modifica la norma contable de la Seguridad Social para fijar cómo se registran los inmuebles sanitarios y de servicios sociales cedidos a las Comunidades Autónomas, cuya titularidad sigue siendo estatal. Establece criterios de reconocimiento y valoración de estas cesiones de uso.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.

Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.

Aprueba cómo se reparten las funciones entre las divisiones de la Oficina de Informática Presupuestaria, que depende de la Intervención General de la Administración del Estado. Esta oficina se encarga de los sistemas informáticos de presupuestos, contabilidad y control económico del sector público estatal.

Aprueba la distribución de funciones de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA), que se organiza en una Dirección y seis Divisiones. Define los cometidos de la Dirección y de cada División, incluida una nueva dedicada al control de los fondos europeos de recuperación.

Regula el procedimiento para hacer ciertos pagos de la Administración General del Estado a través de agentes mediadores. Obliga a los centros gestores a indicar en los documentos contables si los derechos de cobro son embargables o no. Sustituye a la resolución de 2016 y actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el periodo en que el control financiero permanente es la única modalidad de control para reconocer el derecho y la obligación de los expedientes del ingreso mínimo vital. El acuerdo surte efectos desde el 1 de enero de 2021.

La Intervención General de la Administración del Estado aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad de los fondos sin personalidad jurídica del artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria para los fondos que cubren riesgos por cuenta del Estado. La norma deroga la adaptación anterior y fija su entrada en vigor.

Regula cómo se registran y publican las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Sustituye a la resolución de 2015 y adapta el procedimiento a la normativa sobre la Base de Datos Nacional de Subvenciones y a las ayudas de minimis del sector agrícola.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Actualiza la información sobre contratación administrativa que debe figurar en la Memoria y regula el tratamiento contable de entidades mancomunadas y sociedades de prevención de las mutuas colaboradoras.

Establece las instrucciones sobre el contenido, estructura y formato del informe resumen de control interno que elaboran los órganos de control de las entidades locales. También regula cómo solicitar a la Intervención General del Estado el informe previo a la resolución de discrepancias y cómo remitir la información contable y los informes de auditoría de cuentas anuales.

Permite que los actos de recepción de entregas durante el estado de alarma por el COVID-19 se realicen sin la asistencia de los representantes de la Intervención General. La comprobación de la inversión se justifica con un acta o certificado del responsable del centro.

Permite sustituir temporalmente la función interventora por el control financiero permanente en el sector público estatal mientras dure la situación excepcional por el COVID-19. El Interventor General de la Administración del Estado decide a qué expedientes, áreas y organismos se aplica mediante resolución.