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Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija las nuevas cuantías mensuales de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears. La actualización se aplica a los distintos grupos y subgrupos profesionales y tiene efectos económicos desde el 1 de julio de 2026.

Regula la indemnización por vestuario para el personal de la Policía Nacional que, por razones de servicio, está eximido de llevar uniforme. Fija los requisitos para tener derecho a ella, el procedimiento para reconocerla y las condiciones de pago y cuantía. Sustituye a la Orden INT/2122/2013.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática. La norma trata el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2026, que establece ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). La convalidación mantiene vigente la norma aprobada por el Gobierno.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Revisa las cuantías del anexo del Reglamento 1/2008 sobre indemnizaciones por participar en tribunales de oposiciones y otros procesos de selección de la Carrera Judicial. Fija nuevos importes por asistencia para presidencia y secretaría, vocalías y personal colaborador.

Actualiza los límites de indemnización del Convenio de Montreal sobre transporte aéreo internacional. Fija nuevas cuantías en derechos especiales de giro para daños a pasajeros, retrasos, equipaje y carga. Se aplica a todos los Estados parte desde el 28 de diciembre de 2024.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Pontevedra sobre dos puntos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial puedan personarse ante el Tribunal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra tres preceptos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, esos preceptos quedan suspendidos.

Actualiza el importe que se paga por usar el coche o la moto propia en un viaje de trabajo de la Administración General del Estado. Fija 0,26 euros por kilómetro en automóvil y 0,106 euros por kilómetro en motocicleta, y deroga la orden anterior de 2005.

Actualiza las cantidades fijas que se pagan como indemnización por lesiones, mutilaciones y deformidades definitivas que no causan incapacidad permanente, sufridas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. La actualización sigue la evolución del Índice de Precios de Consumo entre diciembre de 2011 y diciembre de 2022.

Actualiza las bases técnicas actuariales que sirven para calcular las indemnizaciones por daños y perjuicios a las personas en accidentes de circulación. Estas bases incluyen hipótesis económicas, financieras y biométricas usadas en las tablas del sistema de valoración.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Ordena su publicación para general conocimiento.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de un propietario contra la resolución del Jurado de Expropiación de Galicia que fijaba el justiprecio de su finca. Anula la sentencia anterior y el acuerdo del Jurado, y reconoce el derecho a que el justiprecio se determine sin reducir la indemnización de los arrendatarios.

El Tribunal Supremo corrige el fallo de una sentencia anterior para añadir que se anula el párrafo segundo del apartado b) del artículo 6 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. También ordena publicar en el Boletín Oficial del Estado la parte dispositiva de la sentencia con esa corrección.

Esta orden establece en qué casos un militar debe devolver al Estado el dinero de su formación y cómo se calcula y reclama esa cantidad. Se aplica cuando se renuncia a la condición de militar, se pasa a ciertas situaciones administrativas o se deja la enseñanza militar antes de tiempo.

Fija las cuantías de las indemnizaciones para las personas que sufren accidentes al colaborar en la extinción de incendios forestales. Incluye pagos por muerte o incapacidad y la asistencia médica y hospitalaria hasta la curación. También establece las tarifas de primas del seguro y su compatibilidad con otros seguros.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de una empresa contra una sentencia que anuló el artículo 12, párrafo primero, letra b) y el Anexo I del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. La sentencia confirma la nulidad de pleno derecho de esos preceptos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.