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Regula cómo los obligados tributarios pueden presentar por internet reclamaciones y recursos económico-administrativos, y cómo se tramitan y resuelven por medios electrónicos. También aprueba los formularios que deben usarse en estos trámites.

Modifica la Orden ECO/805/2003, que fija cómo se calcula el valor de tasación de inmuebles para fines financieros. Aclara qué autorizaciones administrativas previas a la licencia de obra sirven para obtener una tasación válida y ajusta los elementos a tener en cuenta en la valoración.

Establece el calendario para aplicar los procedimientos de financiación que permiten a ciertas entidades locales cancelar deudas pendientes con proveedores. Regula también el contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en esos procedimientos.

Establece que la emisión y notificación de resoluciones que ponen fin a los trámites de altas y bajas de trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General y en el Régimen Especial para la Minería del Carbón se realicen de forma automatizada mediante medios electrónicos, con el sello electrónico de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Regula cómo los Traductores-Intérpretes Jurados, Traductores Jurados e Intérpretes Jurados pueden usar la firma electrónica para certificar sus actuaciones, en lugar de la firma manuscrita y el sello físico. Establece el uso de certificados electrónicos cualificados y la consignación del número de registro y el idioma del trabajo.

Establece qué actuaciones de los Tribunales Económico-Administrativos se pueden hacer de forma automática por medios electrónicos y cómo se firman con un código seguro de verificación (CSV). También fija qué órganos se encargan de definir, mantener y controlar esos sistemas y quién responde si se impugnan.

Establece las condiciones para usar un sistema de firma electrónica no criptográfica en los trámites con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La persona se identifica previamente y confirma la firma con un código de un solo uso enviado a su teléfono móvil o correo electrónico.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Modifica la Orden EHA/789/2010 sobre las solicitudes de devolución del IVA (modelos 360 y 361). Exige adjuntar copia electrónica de facturas o documentos de importación cuando la base imponible supere 1.000 euros, o 250 euros si es carburante. Suprime la necesidad de presentar antes el documento de representación.

Determina qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada mediante sello electrónico, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales y qué dirección provincial resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional de Seguridad Social.

Establece en qué casos el Ministerio de Justicia usará el código seguro de verificación (CSV) como firma electrónica en actuaciones administrativas automatizadas, es decir, las realizadas por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público. Regula cómo se genera y verifica ese código y quién es responsable.

Habilita hacer trámites y presentar solicitudes y documentos con la Seguridad Social por teléfono e internet, usando sistemas de identificación como certificados electrónicos, Cl@ve, códigos enviados al móvil, videoconferencia o datos biométricos. Sustituye a la resolución de 25 de mayo de 2021.

Fija qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales del INSS y qué dirección resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional. Sustituye a la resolución de enero de 2022.

Modifica la Resolución de 2017 sobre el uso de la firma electrónica no criptográfica en las relaciones con la Administración General del Estado. Amplía su uso a todos los usuarios registrados en Cl@ve, no solo a los de nivel sustancial o alto. El órgano gestor de cada procedimiento fija el nivel mínimo de identificación exigido.

Establece que las personas que soliciten becas del Ministerio de Justicia para preparar oposiciones deben hacer todos los trámites por medios electrónicos: presentar la solicitud, aportar documentos y responder a requerimientos. Cada convocatoria indicará el medio electrónico, los sistemas de identificación y firma admitidos y cómo actuar ante fallos técnicos.

Crea la Oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Sanidad. Esta oficina ayuda a las personas interesadas a usar medios electrónicos: identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas. También digitaliza los documentos presentados en papel.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.

Establece las condiciones para usar el certificado electrónico de personas físicas como forma de identificarse y firmar en actuaciones telemáticas con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Se apoya en los sistemas de identificación y firma previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 18/2011.

Establece las condiciones de uso de un sistema de firma electrónica no criptográfica vinculado al servicio AutenticA. Este sistema se ofrece como complemento a la firma electrónica avanzada con certificado cualificado para relacionarse con la Administración General del Estado y sus organismos públicos.