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Fija los precios públicos que cobra el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo por servicios relacionados con equipos de protección individual, como ensayos y certificación. Regula cómo se solicitan, cuándo se deben pagar, sus cuantías, reducciones y forma de pago.

Modifica la Orden de 1991 sobre precios públicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Excluye del pago previo las solicitudes de ensayo de equipos de protección individual que hagan las autoridades sanitarias y de vigilancia del mercado, y da prioridad a los servicios solicitados por las administraciones públicas durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

Fija hasta cuándo se pueden recibir y vender equipos de protección individual (EPI) acogidos a las autorizaciones temporales de la Resolución de 23 de abril de 2020. También aclara que esos productos ya comprados se pueden seguir usando, aunque no se puedan vender a terceros.

Establece las bases para convocar ayudas a entidades que inviertan en fabricar dispositivos médicos, equipos de protección personal y otros productos considerados de emergencia por el COVID-19 durante 2020. Regula quién puede recibirlas, qué gastos se financian, cómo se solicita y se justifica el dinero.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Modifica dos órdenes anteriores sobre el transporte durante la desescalada del COVID-19. Actualiza las instrucciones para usar mascarillas en los medios de transporte y las medidas sobre navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma.

Establece la obligación de usar mascarilla durante la crisis sanitaria del COVID-19. Fija quiénes deben llevarla y en qué espacios es obligatorio. Indica también el régimen de recursos y su vigencia.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

Establece los supuestos para aceptar equipos de protección individual (EPI) sin el marcado CE reglamentario durante la crisis del COVID-19. Permite la compra pública de estos equipos para personal sanitario y autoriza temporalmente su comercialización si ofrecen un nivel adecuado de protección.

Establece los criterios para repartir una segunda entrega de mascarillas FFP2 entre empresas y trabajadores del transporte terrestre. Asigna cuatro mascarillas por vehículo, maquinista o conductor según el tipo de autorización, y prevé reservar parte para el Ministerio de Sanidad.

Establece medidas especiales para fabricar y usar productos sanitarios necesarios frente al COVID-19. Permite licencias excepcionales de funcionamiento de instalaciones y autorizaciones para usar productos sin marcado CE. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios valora cada caso.

Establece cómo se reparten las mascarillas FFP2 compradas por el Ministerio de Transportes entre las empresas de transporte de viajeros y mercancías. Fija cuántas mascarillas corresponden a cada tipo de autorización de transporte según los vehículos adscritos.

Regula una segunda compra y reparto de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las mascarillas se destinan al personal que trabaja en el transporte y la entrega de mercancías y productos. La orden fija cómo se adquieren, se entregan, se reciben y se financian.

Regula cómo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana compra mascarillas de forma centralizada y cómo las reparte. Las destina al personal que trabaja en el transporte de mercancías y de viajeros durante la emergencia por COVID-19.