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Establece las reglas por las que España y Jordania se entregan mutuamente a personas reclamadas para ser juzgadas o para cumplir una pena. Fija los delitos que permiten la extradición, los motivos para denegarla y el procedimiento de solicitud, detención y entrega.

Establece el marco para que España ejecute las penas de prisión impuestas por la Corte Penal Internacional. Regula el procedimiento de designación de España, el traslado de la persona condenada, la supervisión de la pena y las condiciones de reclusión.

El Convenio de Extradición entre España y Mauritania, firmado en Madrid el 12 de septiembre de 2006, entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. Se completa así la publicación hecha en el Boletín Oficial del Estado en 2006.

El Convenio entre España y Mauritania sobre asistencia a personas detenidas y traslado de personas condenadas entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. La norma comunica esta fecha tras completarse las notificaciones previstas en el propio Convenio.

El Convenio de asistencia judicial en materia penal entre España y Mauritania, firmado en Madrid el 12 de septiembre de 2006, entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. Se completa así la publicación hecha en el Boletín Oficial del Estado en 2006.

Establece un acuerdo entre España y Nigeria para que las personas condenadas en uno de los dos países puedan cumplir su pena de prisión en el otro. Fija las condiciones, el procedimiento y las autoridades que gestionan las solicitudes de traslado.

Establece un marco de asistencia judicial mutua entre España y Nigeria en materia penal. Regula cómo se solicitan, tramitan y ejecutan las peticiones de ayuda entre ambos países para prevenir, investigar y perseguir delitos, incluidos los fiscales y los relacionados con el terrorismo.

El Boletín Oficial del Estado publica una enmienda al artículo 39 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La enmienda añade un texto sobre la sustitución de un magistrado en las Salas, conforme a las Reglas de Procedimiento y Prueba.

España notifica al Consejo de Europa que la Fiscalía Europea se considera autoridad judicial en el marco del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal y sus dos Protocolos Adicionales. La declaración fija cómo se interpretan las solicitudes de asistencia judicial que emite o recibe la Fiscalía Europea.

Establece un acuerdo entre España y Qatar para que las personas condenadas a pena de privación de libertad en uno de los dos países puedan cumplir su condena en su país de origen. Regula las condiciones, el procedimiento y las autoridades que gestionan las solicitudes de traslado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. El recurso lo presentan cincuenta diputados.

Acuerdo entre España y Albania que complementa el Convenio Europeo de Extradición de 1957. Permite que ambos países se entreguen mutuamente a sus propios nacionales para ser juzgados o cumplir condena. También fija los ministerios de Justicia como autoridades centrales para tramitar las solicitudes.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Real Decreto-ley 1/2017, que regulaba la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Declara nulos los preceptos que excluyen a las personas jurídicas y que imponen costas al consumidor que no acudió antes a la entidad de crédito, y fija una interpretación del precepto sobre costas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.