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Amplía el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Añade 30 millones de euros a Asturias y 25 millones a Cataluña, a petición de ambas comunidades.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos comercializadoras eléctricas contra el Real Decreto que regula el bono social. Anula los artículos 12 a 17 y declara inaplicable el régimen de financiación del bono social, y reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas.

Fija los precios definitivos del gas natural para el primer y segundo semestre de 2021 que se aplicarán al liquidar la retribución de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, y también el precio para el despacho de costes variables en Baleares.

Establece el contenido y el formato con los que las empresas distribuidoras de energía eléctrica deben presentar sus planes de inversión anuales y plurianuales a la Secretaría de Estado de Energía. Incluye la identificación de proyectos con fondos del Plan de Recuperación y de actuaciones para ampliar la capacidad de la red.

Fija el 14 de junio de 2022 como fecha de inicio del mecanismo de ajuste de costes de producción para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista. También da publicidad a la autorización de la Comisión Europea para ese mecanismo.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6 bis, apartado 4, de la Ley 11/1997, que regula el sector eléctrico canario. La cuestión la plantea el Tribunal Supremo y el Pleno se reserva su conocimiento.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos comercializadoras eléctricas contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable y el bono social. Anula los artículos 12 a 17 del real decreto y declara inaplicables ciertos preceptos sobre la financiación del bono social.

Amplía el plazo para presentar solicitudes a las ayudas del PERTE del vehículo eléctrico y conectado de 2022. El plazo pasa a terminar el 3 de junio de 2022 en lugar del 17 de mayo. Las solicitudes se presentan por la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Reduce para 2021 los índices de rendimiento neto del método de estimación objetiva del IRPF en actividades agrícolas y ganaderas de zonas afectadas por circunstancias excepcionales. También rebaja los índices correctores por piensos comprados a terceros y por cultivos de regadío que usan energía eléctrica.

Fija en 188,65 euros por MWh el precio medio de la energía para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad en el segundo trimestre de 2022. Este servicio lo prestan consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge medidas urgentes del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica las bases reguladoras y la convocatoria de 2022 de las ayudas del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Permite que empresas de nueva constitución participen en proyectos primarios y ajusta el régimen de garantías y declaraciones responsables.

Establece el modelo y el formato con los que las empresas distribuidoras de energía eléctrica deben enviar al Ministerio información sobre los cortes de suministro que realizan en viviendas habituales de personas físicas con potencia contratada de hasta 10 kW. La información se envía cada trimestre a través de la aplicación GECOS.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica, y contra la Orden ETU/943/2017 que lo desarrolla. La sentencia se dicta en los términos del fundamento de derecho séptimo y no impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Clidom Energy, SL contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica. Declara la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social previsto en el artículo 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico y anula los artículos 13 a 16 del real decreto.

Revisa para 2022 el valor mínimo del cociente entre consumo anual de electricidad y valor añadido bruto que deben cumplir las instalaciones para ser reconocidas como consumidores electrointensivos. El nuevo valor se fija en 0,8 kWh/€, frente al 1,5 kWh/€ anterior.

Aprueba la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2021-2026 (Horizonte 2026). Define las necesidades de inversión en nuevas instalaciones de transporte para garantizar el suministro eléctrico a largo plazo.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2022 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos y gases licuados) su cuota de ahorro y su equivalente económico. También regula el pago de esas cuotas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el uso de Certificados de Ahorro Energético.