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Establece los criterios y prioridades que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deben seguir en 2027 al planificar sus actividades preventivas. Incluye programas de asesoramiento técnico a pymes y a empresas de sectores con más siniestralidad, y actuaciones alineadas con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

Define qué es una empresa de gran consumo de energía del sector industrial para poder contabilizar sus ahorros energéticos. Estos ahorros pueden provenir de actuaciones con combustión directa de combustibles fósiles y se computan en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética y en las medidas alternativas. El concepto se aplica con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.

Fija una lista de subgrupos de clasificación de contratistas de obras en los que, para acreditar la experiencia y asignar categorías, se tendrán en cuenta las obras ejecutadas en los últimos diez años y en el año en curso, en lugar del periodo general de cinco años.

Establece las bases reguladoras del programa MOVES Flotas Plus, que da ayudas para electrificar flotas de vehículos ligeros. Las ayudas se financian con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación. Regula quién puede pedirlas, qué costes se subvencionan, cuánto se concede y cómo se solicita, justifica y cobra.

Establece las bases para conceder ayudas públicas a proyectos que impulsen la cadena de valor industrial, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Regula quién puede recibirlas, qué gastos se financian, cómo se solicita y se justifica el dinero y los límites de las ayudas.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del «Proyecto ICEX Vives», que financia prácticas formativas no laborales en el extranjero para jóvenes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La norma actualiza esa orden de bases y fija su entrada en vigor.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para llevar la cobertura móvil 5G a zonas sin cobertura 4G suficiente. El cambio se enmarca en el Plan de Recuperación y afecta al Programa único 5G redes activas.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para llevar fibra óptica (backhaul) a las antenas de telefonía móvil, dentro del programa «Unico 5G Redes-Backhaul Fibra Óptica». El cambio adapta la norma a la ampliación del plazo de ejecución del Plan de Recuperación aprobada por la Comisión Europea.

Establece las bases reguladoras de las ayudas públicas para agrupaciones empresariales innovadoras (AEI), con el fin de mejorar su competitividad y su contribución a la autonomía estratégica. Regula cuatro líneas de actuación: funcionamiento de las AEI, estudios de viabilidad técnica y proyectos de I+D+i, incluidos los realizados en cooperación.

Modifica el Acuerdo entre España y Honduras sobre transporte aéreo de 1992. Cambia las reglas para designar compañías aéreas que operen entre ambos países y los motivos para retirar o suspender su autorización. Se aplica provisionalmente desde el 1 de julio de 2025.

Regula cómo se obtiene, se mantiene y se pierde el título de entidad colaboradora de la administración hidráulica (ECAH). Estas entidades certifican datos sobre extracción de agua, vertidos, calidad de las aguas y seguridad de presas y embalses ante los organismos de cuenca.

Establece las condiciones del Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA para financiar con préstamos a empresas turísticas afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. El mecanismo está dotado con 200 millones de euros y lo gestiona el ICO.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas a proyectos que impulsan la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, dentro del Plan de Recuperación. Añade dos nuevas inversiones del Componente 12 de política industrial: subvenciones y préstamos para proyectos estratégicos del vehículo eléctrico.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación concedida a empresas por entidades financieras. El Instituto de Crédito Oficial gestiona estos avales, que cubren el capital impagado de cada operación. Se enmarca en las medidas de respuesta a la amenaza arancelaria de Estados Unidos.

Modifica el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19. Cambia la composición del Comité Técnico de Inversiones, que pasa a tener 10 miembros, y concentra el seguimiento de los instrumentos financieros en la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Establece cómo se presentan, evalúan y contratan proyectos de investigación y desarrollo (I+D) de interés para la Defensa dentro del Programa Coincidente. El programa busca aprovechar tecnologías del ámbito civil que puedan aplicarse a necesidades del Ministerio de Defensa.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2025 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de combustibles) su cuota de ahorro. Establece cuánto deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y permite cubrir parte de la obligación con Certificados de Ahorro Energético.

Establece las bases reguladoras para conceder ayudas públicas del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027. Regula los procedimientos de concesión de las ayudas de los programas del plan asignados al CDTI.