Orden ITU/1435/2025, de 10 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas mediante el programa de impulso de la cadena de valor industrial, CVI 2025, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En los últimos años, y especialmente después de la pandemia de COVID-19, se ha evidenciado la necesidad de contar con una base industrial fuerte como motor esencial de la productividad y la innovación y como una de las piedras angulares de la prosperidad económica en España. Una industria fuerte no sólo permite la generación de riqueza y empleo de calidad, sino que, además, permite sortear las situaciones de crisis y los procesos de reconfiguración geopolítica que está experimentando el mundo en los últimos años. La Unión Europea (en adelante, UE) está alineada con esta visión de contar con una base industrial fuerte, para la consecución de la cual, los Estados miembros, las instituciones de la UE y la propia industria han de hacer todo lo posible para mantener y reforzar el liderazgo industrial de Europa en la era de la globalización, marcada por los retos que plantea la sostenibilidad y la rapidez con que se producen los cambios tecnológicos.

La comunicación de la Comisión sobre El Nuevo Modelo de Industria para Europa del 10 de marzo de 2020, COM (2020) 102 final, ya estableció que Europa precisaba de investigación y tecnologías y un mercado único sólido que elimine las barreras y reduzca la burocracia. También reconoció que el aumento de la inversión en investigación, innovación, despliegue y actualización de infraestructuras contribuirá a desarrollar nuevos procesos de producción y, de paso, a crear empleo. En este sentido, los proyectos de investigación y los servicios de apoyo a la innovación también incluyen el desarrollo o mejora de los productos, procesos o servicios digitales, en cualquier ámbito, tecnología, industria o sector (incluidas, aunque no exclusivamente, industrias digitales, infraestructuras y tecnologías digitales, como la supercomputación, las tecnologías cuánticas, las tecnologías de cadena de bloques, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los macrodatos y las tecnologías en la nube).

Más recientemente, el Consejo de la UE, en su formación de Competitividad, en su reunión del 24 de mayo de 2024, adoptó las conclusiones sobre la futura política industrial europea, destacando la necesidad de mejorar la competitividad del sector industrial europeo frente a desafíos como la competencia global y crisis recientes. Estas conclusiones proponen un marco para la política industrial que prioriza la innovación y el acceso a financiación, recomendando la mejora de mecanismos de financiación existentes. Además, se enfatiza la importancia de crear un entorno empresarial favorable que incluya un mercado único funcional, un marco regulatorio claro y un acceso a energía sostenible y asequible. Se busca integrar los objetivos de sostenibilidad y digitalización en una política industrial comprensiva y basada en evidencias, alineada con estrategias anteriores y nuevas regulaciones relevantes, con el fin de fortalecer la soberanía estratégica y la competitividad de la UE a nivel global.

De forma más concreta, el Informe Draghi (septiembre de 2024 – El futuro de la competitividad europea) recoge que la industria europea se enfrenta a desafíos significativos, como la brecha en innovación, la necesidad de descarbonización y la dependencia de recursos externos. Este informe destaca que, para que Europa pueda alcanzar sus objetivos, debe enfocarse en cerrar esta brecha mediante la aceleración de la innovación tecnológica y la comercialización de nuevas ideas, además de implementar un plan conjunto que equilibre la descarbonización con la competitividad industrial. Las medidas propuestas incluyen la movilización de financiación masiva para digitalizar y descarbonizar la economía, la creación de asociaciones estratégicas para diversificar las fuentes de energía, aumentar la autonomía estratégica, y la mejora de la gobernanza y coordinación entre los Estados miembros. Asimismo, se sugiere un enfoque renovado en la política de competencia, que priorice la innovación y la resiliencia, así como el apoyo a sectores clave para evitar la deslocalización de la producción.