Buscar en el BOE

Establece las reglas que aplican al Consejo General del Poder Judicial cuando sus miembros siguen en el cargo pasado el plazo de cinco años sin que se haya nombrado a los nuevos. Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular cómo funciona el Consejo en esa situación de «en funciones».

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos que el Estado traspasa a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. La ampliación responde a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales.

Crea una Magistratura de enlace en Bruselas ante las autoridades de Bélgica, también acreditada en Países Bajos y Luxemburgo, y suprime la Magistratura de enlace en Italia. La nueva oficina depende del Ministerio de Justicia y no aumenta el gasto público.

Crea 33 unidades judiciales para hacer frente a la acumulación de procedimientos provocada por la pandemia de COVID-19. Modifica la planta judicial, dota plazas de magistrado en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales, y crea, transforma y renombra juzgados.

Regula cómo se eligen las candidaturas que España propone para jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, miembros del Tribunal General y jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fija la convocatoria pública, los requisitos y un comité de selección.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

El Real Decreto amplía la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras para que también atienda los partidos judiciales de La Línea de La Concepción y San Roque. Así, estos asuntos dejan de estar en juzgados que los compatibilizan con otras materias penales.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.