Buscar en el BOE

El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Prorroga y amplía medidas del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio ante el encarecimiento de la energía. Incluye límites de precio del gas y los gases licuados, rebajas fiscales en hidrocarburos, electricidad e IVA, y ayudas al gasóleo agrario, la pesca y el transporte.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Modifica la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Cambia varios artículos y añade otros nuevos, además de cinco disposiciones adicionales y una transitoria. También modifica el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica la Ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera del Principado de Asturias. Añade que, cuando una infracción muy grave conlleve la clausura definitiva de la explotación, debe iniciarse el procedimiento de caducidad del derecho minero. También regula los procedimientos sancionadores ya en tramitación.

Modifica la Ley de Juventud del País Vasco en lo relativo a las actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Cambia la comunicación previa por una declaración responsable, exige certificado negativo de delitos sexuales al personal y regula el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos. También revisa el régimen de infracciones.

La ley tipifica como infracciones administrativas las agresiones a profesionales sanitarios y demás personal de la red sanitaria pública de la Región de Murcia cuando actúan en sus funciones. Establece las sanciones correspondientes y el procedimiento para imponerlas.

Establece medidas urgentes para el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril ante la subida de costes energéticos. Incluye ayudas directas a empresas ferroviarias y modifica la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías y la Orden FOM/1882/2012.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica el Real Decreto 66/2015, que regula los controles de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en la cadena alimentaria. Fija en doce meses el plazo para iniciar un procedimiento sancionador tras el informe de control y en diez meses el plazo máximo para resolverlo.

Modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Cambia los artículos 6, 8, 13 y 17 para reforzar la participación del sector en el reconocimiento de estas organizaciones, ampliar el plazo de silencio administrativo, simplificar la extensión de normas y ampliar la caducidad de los expedientes sancionadores.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para que los contratos de estancia turística en viviendas prohíban expresamente las fiestas y eventos que alteren la convivencia. Si se producen, la persona comercializadora debe exigir el abandono en un máximo de 24 horas. No incluir la prohibición en el contrato o no adoptar medidas se considera infracción grave.