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Fija los plazos y el procedimiento para cerrar el ejercicio presupuestario de 2025 en la Administración General del Estado, organismos autónomos y otras entidades con presupuesto limitativo. Regula la tramitación de expedientes de gasto, documentos contables, contabilización de operaciones y ordenación de pagos en el final del año.

Establece las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal un aumento adicional del 0,5 por ciento en sus retribuciones, con efectos desde el 1 de enero de 2024. El pago se hará en la nómina de julio de 2025, junto con los atrasos correspondientes.

Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.

Regula cómo se cierra el ejercicio presupuestario de 2024 en el gasto público del Estado. Fija plazos para tramitar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y hacer pagos en los últimos días del año.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Modifica varias órdenes sobre contabilidad pública del Estado. Cambia documentos contables, reglas de operatoria del gasto y normas de contabilidad de la Administración General e Institucional. Incluye el procedimiento para entidades cuyas cuentas anuales no se auditan.

Modifica la norma que regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. Cambia la fecha límite para integrar las cuentas anuales de las entidades: pasa del 6 de septiembre al 31 de julio del año siguiente. También exige enviar en ese mismo plazo la información complementaria y de consolidación.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentos necesarios para tramitar el anteproyecto.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.

Establece las condiciones para que la Agencia Tributaria cobre en vía ejecutiva las deudas que son recursos de los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado. Regula cómo los organismos envían esas deudas, qué datos deben incluir y cómo se resuelven las incidencias.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2021, con una estrategia fiscal y presupuestaria orientada a paliar los efectos de la crisis de la COVID-19. Regula el ámbito institucional, las comisiones participantes, el proceso de tramitación, la estructura y los plazos de documentación.