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Aprueba el Protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida. Regula cómo los médicos forenses examinan a las personas privadas de libertad, incluido el régimen de incomunicación, y deroga la Orden de 1997 que fijaba el protocolo anterior.

Modifica el Reglamento del Registro Mercantil para incorporar parcialmente una directiva europea sobre digitalización del Derecho de sociedades. Regula la creación y el cierre en línea de sucursales y el acceso a información societaria europea.

Modifica y amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Crea dos nuevas Fiscalías de Sala: una contra los delitos de odio y discriminación y otra en materia de derechos humanos y memoria democrática. También añade plazas para las nuevas unidades judiciales y para reducir el déficit de plazas.

Aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son órganos técnicos que auxilian a la Justicia con pruebas periciales médicas y de laboratorio. Regula su organización, personal, actividades de formación e investigación y colaboración con otras instituciones.

Crea 70 nuevas unidades judiciales para 2022 y ajusta la planta judicial. También transforma juzgados, separa juzgados en Ponferrada y Cáceres y modifica plantillas de magistrados en la Audiencia Nacional y provinciales.

Regula cómo se eligen en España los candidatos a Fiscal Europeo y a Fiscal Europeo Delegado. Fija los requisitos, la comisión de selección, la convocatoria y el procedimiento de selección, y la publicación de la propuesta y su comunicación a la Fiscalía Europea.

Modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita para exigir que los abogados del turno de oficio especializado en violencia de género no tengan antecedentes penales por violencia de género. Así se asegura una defensa de calidad y una relación de confianza con las víctimas.

Aprueba el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, que sustituye al reglamento de 1969. Regula la organización, los principios de actuación, la carrera fiscal, la provisión de destinos, permisos, derechos y deberes, incompatibilidades, jubilación y régimen disciplinario.

Amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal con la creación de sesenta plazas y fija la plantilla de la Carrera Fiscal. Se tramita a propuesta del Ministerio de Justicia, con informe del Fiscal General del Estado y oído el Consejo Fiscal.

Modifica el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales para adaptarlo al Derecho de la Unión Europea. Suprime los aranceles mínimos obligatorios y establece un sistema de aranceles máximos. Permite que el procurador y su cliente pacten una retribución inferior.

Regula cómo se sustituyen entre sí los fiscales y cómo se cubren vacantes o ausencias con medidas de apoyo o refuerzo. También fija la selección, nombramiento, derechos y cese de los abogados fiscales sustitutos, y deroga el Real Decreto 634/2014.

Separa los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Toledo en dos tipos de juzgados: unos para asuntos civiles y otros para asuntos penales. Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y ajusta las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

Crea 56 nuevas unidades judiciales para 2021 y cuatro plazas de Juez de Adscripción Territorial en Cataluña. Modifica la planta judicial y la composición de secciones y juzgados para agilizar la actividad judicial tras la crisis del COVID-19.

Modifica el Reglamento de la Ley que regula la responsabilidad penal de los menores para que el acuerdo que impone una sanción a un menor internado se notifique siempre a su abogado defensor y al Ministerio Fiscal. Además, prorroga los nombramientos de abogados fiscales sustitutos para el año judicial 2021-2022.

Aprueba el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, que sustituye al de 2001. Regula la profesión de abogado: colegiación, ejercicio, incompatibilidades, secreto profesional, honorarios, formas de ejercicio, deontología, formación y organización colegial.

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.

Modifica el reglamento que regula la obtención de la nacionalidad española por residencia para permitir que los exámenes de español (DELE) y de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) se puedan hacer a distancia por medios electrónicos. El Instituto Cervantes fija en qué casos y con qué requisitos.

Crea 33 unidades judiciales para hacer frente a la acumulación de procedimientos provocada por la pandemia de COVID-19. Modifica la planta judicial, dota plazas de magistrado en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales, y crea, transforma y renombra juzgados.

El Real Decreto amplía la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras para que también atienda los partidos judiciales de La Línea de La Concepción y San Roque. Así, estos asuntos dejan de estar en juzgados que los compatibilizan con otras materias penales.