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Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2022 para el cálculo de su participación en los tributos del Estado. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2024 y la forma de envío telemático con firma electrónica, y regula cómo las Delegaciones de Economía y Hacienda comprueban esos datos.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Establece cómo deben enviar los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda los datos de su esfuerzo fiscal de 2021, necesarios para calcular su participación en los tributos del Estado de 2023. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2023 y la forma de envío telemático con firma electrónica.

Regula la concesión directa de subvenciones a las entidades locales que prestan el servicio de transporte público. Establece quiénes pueden recibirlas, la cuantía, el procedimiento de concesión, las obligaciones, la financiación, el pago y la justificación.

Establece el procedimiento, el plazo y el formulario para que las entidades locales remitan al Ministerio de Hacienda información económica sobre el servicio de transporte público prestado en 2019. Esta información servirá para determinar una posible concesión directa de subvenciones.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y fija sus órganos superiores y directivos, como la Secretaría de Estado de Hacienda, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Subsecretaría y la Intervención General. También modifica otros reales decretos para adaptar sus estructuras.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.