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El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Modifica las condiciones de la ruta aérea Menorca-Madrid, declarada de servicio público entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Fija un mínimo de tres frecuencias diarias (seis vuelos) y una capacidad mínima de 100 asientos por vuelo. Los cambios se aplican cuando termine el contrato actual de la ruta en exclusividad.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Modifica la Ley de capitalidad de Palma y regula aportaciones económicas de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Palma y al Consejo Insular de Formentera. También cambia normas sobre temporalidad y función pública, y trata el transporte de residuos de Formentera a Ibiza y la reserva de biosfera de Menorca.

Suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y de licencias de autotaxi en las Illes Balears. La suspensión se mantiene hasta que se apruebe un decreto que fije los criterios objetivos para concederlas. No afecta a las autorizaciones insulares temporales.

Actualiza las tarifas de referencia de las rutas aéreas entre las islas Baleares sujetas a obligaciones de servicio público y cambia el límite superior de las tarifas flexibles. También fija cómo se revisan esas tarifas y quién se encarga de hacerlo.

Modifica las condiciones de la ruta aérea Menorca-Madrid sujeta a obligaciones de servicio público. Las obligaciones se aplican del 1 de noviembre al 31 de marzo y se fijan frecuencias mínimas y horarios para esos meses.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica el reparto entre administraciones y empresas de transporte de las Illes Balears de la ayuda estatal de 43 millones de euros para el descuento del 100 % en abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre en 2023. Redistribuye 405.597,66 euros no justificados por algunas entidades.

La ley regula la entrada y circulación de vehículos en la isla de Eivissa para reducir la congestión en los meses de más afluencia turística. Establece limitaciones generales, un techo insular de vehículos, obligaciones para las empresas de alquiler y un régimen de inspección y sanciones.

Modifica las obligaciones de servicio público en las rutas aéreas entre las islas Baleares. Amplía qué se incluye en la tarifa aérea y obliga a las aerolíneas a ofrecer servicio de acompañamiento de menores no acompañados de 5 a 11 años en tres rutas interbaleares.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado, con un precio máximo de compraventa y de alquiler, y un registro autonómico de estas viviendas. También modifica varias normas sobre urbanismo, turismo y vivienda, y regula la actividad de agente inmobiliario.

Modifica el Decreto-ley 1/2020 contra el turismo de excesos en las Illes Balears. Cambia su nombre por el de turismo responsable, ajusta las zonas afectadas en Calvià y Llucmajor y modifica obligaciones de información a los clientes y prohibiciones sobre fiestas multitudinarias con alcohol.

Modifica cuatro reales decretos que regulan la concesión directa de subvenciones en materia turística dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ajusta así las ayudas para la modernización y competitividad del sector turístico, incluidas las estrategias de resiliencia en territorios extrapeninsulares.

Modifica la Ley 4/2014 de transportes terrestres de las Illes Balears para regular los servicios de taxi y de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) de hasta nueve plazas. Establece condiciones de explotación y suspende nuevas autorizaciones.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado en las Illes Balears, con un precio máximo de compraventa y de alquiler. Regula sus condiciones, crea un registro autonómico de estas viviendas y modifica varias normas de urbanismo, turismo y vivienda.

Establece medidas urgentes para el transporte discrecional de viajeros en autobús y en vehículos de turismo en las Illes Balears, con el fin de ajustar la oferta a la demanda turística. Regula la contratación por plaza, licencias temporales de autotaxi y autorizaciones de alquiler con conductor, y modifica varias leyes autonómicas.