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El Tribunal Constitucional anula los artículos 6.4 y 9.4 de la Ley catalana 24/2015, que obligaban a las empresas suministradoras a pedir un informe a los servicios sociales antes de cortar la electricidad o el gas y fijaban un plazo de 15 días para emitirlo.

Establece medidas urgentes para agilizar la valoración y el reconocimiento de la dependencia en Cataluña. Crea la tramitación prioritaria y abreviada, el abono de un importe mínimo desde el reconocimiento del grado y refuerza los equipos de valoración.

Regula las prestaciones económicas para personas con grado III+ de dependencia extrema en Cataluña y modifica la Ley 12/2007 de servicios sociales. Establece las cuantías máximas de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

La ley regula los derechos de las personas LGBTI en Cataluña y las medidas para prevenir y erradicar la LGBTI-fobia. Establece derechos, obligaciones de los poderes públicos, una red de servicios de atención integral y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Regula las finanzas de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2026 y se mantiene prorrogado el presupuesto de 2023. Fija los aumentos de sueldo de 2025 y 2026 del personal público, actualiza las pensiones y el indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

Crea la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña, que une la atención social y la sanitaria en un mismo organismo. Regula sus objetivos, funciones, órganos de gobierno, personal, presupuesto y patrimonio, y prevé instrumentos de planificación, innovación y evaluación.

Establece que no se exigirán los créditos ya vencidos y no pagados derivados de prestaciones sociales de infancia y adolescencia: prestación para jóvenes extutelados, para menores en riesgo y por acogimiento de menores tutelados. Se aplica a personas beneficiarias de estas prestaciones que estén en situación de vulnerabilidad.

Amplía de dos a tres años el plazo máximo de los acuerdos de provisión directa con entidades privadas que prestan servicios sociales de la red pública en Cataluña. Estos acuerdos son un paso provisional mientras las entidades se acreditan e integran en el sistema de concierto social.

Modifica la Ley de educación de Cataluña para regular los equipamientos escolares, la financiación del primer ciclo de educación infantil y la estabilidad financiera de programas de formación e inserción. Se aprueba como decreto-ley por la urgencia de las necesidades educativas y la prórroga presupuestaria.

La ley crea el Estatuto de los municipios rurales de Cataluña. Establece medidas para reforzar su financiación, mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda y luchar contra el despoblamiento. También regula las relaciones entre estos municipios y otras administraciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Cataluña 24/2015, de medidas urgentes en vivienda y pobreza energética. El tribunal revisará si esos artículos vulneran competencias del Estado recogidas en la Constitución.

Modifica varios impuestos de Cataluña (emisiones de CO2 de vehículos, canon del agua, IRPF, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y depósito de residuos) y regula el aumento de retribuciones y pensiones del personal público. También incluye medidas administrativas sobre el Instituto Catalán de Finanzas y el suministro de energía a instituciones.

Regula las autorizaciones de endeudamiento y avales de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2025 y se prorrogan los de 2023. También fija el incremento del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sirve para valorar la situación económica de las personas que piden prestaciones sociales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos del Código Civil de Cataluña, por posible vulneración del artículo 10.1 de la Constitución. Las partes del recurso de apelación pueden personarse en el plazo de quince días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 234.1 del Código Civil de Cataluña, por posible vulneración del artículo 10.1 de la Constitución. Las partes del recurso de apelación pueden personarse en el plazo de quince días.

El Tribunal Constitucional declara extinguido el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la Ley catalana 1/2022, que modificaba la Ley 24/2015 sobre vivienda. El recurso había sido interpuesto por el presidente del Gobierno contra una norma autonómica que ya había sido anulada por la sentencia 120/2024.