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El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un policía en prácticas sancionado por identificarse como funcionario en prácticas durante un cumpleaños. Declara nulo el precepto del Reglamento provisional de 1981 que tipificaba esa conducta como infracción grave, por vulnerar la vertiente formal del derecho a la legalidad sancionadora.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Colegio Oficial de Médicos de Madrid contra el Real Decreto 610/2024, que crea el título de Medicina de Urgencias y Emergencias y actualiza la formación en Medicina Familiar y Comunitaria. Anula una parte concreta de la disposición transitoria primera.1, párrafo primero, de ese real decreto.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria quinta de la Ley 6/2019 de Murcia, que permitía integrar en el grupo B a cabos de la policía local solo por tener una titulación. La sentencia declara nula esa previsión por invadir competencias estatales sobre función pública.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un padre por la investigación insuficiente de la muerte de su hijo, ocurrida en un calabozo municipal tras ser detenido. Declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en relación con el derecho a la vida y a la integridad física y moral.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo de un condenado por tráfico de drogas. Considera que la prueba obtenida por agentes encubiertos no vulneró su intimidad y contó con control judicial.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de una conductora condenada por un delito contra la seguridad vial. Declara vulnerados sus derechos de defensa y a la presunción de inocencia porque la prueba de alcoholemia se hizo tras llevarla a dependencias policiales sin detención y sin cobertura legal expresa para ese traslado.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Declara nulos parcialmente varios preceptos autonómicos que permiten la edificación residencial en suelo rústico, la desafectación de vías pecuarias y la exención de licencia urbanística a los usos mineros.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de una asociación profesional de la Guardia Civil contra el Reglamento de destinos. Anula dos incisos: uno del artículo 14 sobre necesidades del servicio y otro del artículo 36 sobre la publicación previa de la vacante. El resto del recurso se desestima.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de la hermana de un detenido que se suicidó en los calabozos de una comisaría de Algeciras. Los tribunales habían archivado la causa sin investigar suficientemente las circunstancias de la muerte, lo que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo de una persona condenada por tráfico de drogas. Declara vulnerado su derecho a la intimidad porque la policía grabó imágenes dentro de un garaje privado sin autorización judicial. La condena se basó en parte en esas grabaciones.

El Tribunal Supremo estima un recurso de casación y anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También anula el inciso final del anexo I.J).9 de la Orden PCI 155/2019, que impedía admitir lentes fáquicas en los procesos de selección de la Guardia Civil.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra dos incisos de la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021. La sentencia avala que el juez pueda suspender el lanzamiento de la vivienda habitual de personas sin título que la habitan, también en procesos penales, y que no se aplique la excepción cuando la entrada o permanencia se produjo con intimidación o violencia.

El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018 y estima en parte el recurso de una asociación de autoescuelas. Anula la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y el anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico para la gestión de cursos de reeducación vial. También anula el inciso de la Orden INT/2596/2005 que reservaba esa gestión a centros mediante concesión del Ministerio del Interior.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios incisos del Real Decreto-ley 1/2021 que permiten al juez suspender el lanzamiento de la vivienda habitual en procesos penales cuando la habitan personas sin título y en situación de vulnerabilidad. La sentencia analiza si esos incisos respetan los límites del decreto-ley y los derechos de propiedad y tutela judicial.

El Tribunal Supremo estima en parte un recurso contra el Real Decreto 326/2021, que fija el cuadro médico de exclusiones para entrar en la Policía Nacional. Anula dos incisos de la sección sobre el aparato de la visión: uno sobre cuerpos extraños intraoculares y cirugía intraocular, y otro sobre técnicas de corrección refractiva y lentes fáquicas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 159/2021, que regula los servicios de auxilio en las vías públicas. Anula solo el inciso de la disposición transitoria primera que se refiere a señales fabricadas antes de la aprobación del real decreto.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley asturiana 2/2007, de coordinación de policías locales. Declara nulo ese precepto, que permitía a los policías locales promocionar internamente sin la titulación exigida.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Automovilistas Europeos Asociados y anula el apartado segundo de la Orden SND/413/2020, que establecía medidas especiales para la inspección técnica de vehículos. Además, impone las costas a las partes recurridas y ordena publicar la sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un padre cuyo hijo menor fue atropellado por un furgón policial durante unos disturbios en Tarragona. Los tribunales habían archivado provisionalmente la investigación sin practicar diligencias suficientes, lo que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.