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El Pleno del Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2025 de la Comunitat Valenciana, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión afecta a preceptos que modifican la ley de identidad de género y a un artículo sobre función pública sanitaria.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 5/2025 de la Generalitat Valenciana, que modifican normas sobre identidad de género y función pública. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia de esos preceptos queda suspendida.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley balear 5/2024, que modificaba normas autonómicas en materias como espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda. La sentencia analiza si el decreto-ley justificó la extraordinaria y urgente necesidad y si respetó los límites materiales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios apartados de la Ley Foral de presupuestos de Navarra de 2023 que modificaban la ley foral de contratos públicos. Anula en parte el precepto navarro que ampliaba la reserva de contratos a entidades no previstas en la legislación básica estatal y declara extinguido en parte el recurso por pérdida de objeto.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2022. Los recurrentes desistieron de impugnar los artículos 1.1, 1.4 y 2.1, y el recurso se limita a los artículos 10, 29.1 y 29.4. La sentencia analiza si esos preceptos respetan los límites de los decretos-leyes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo. El recurso se dirige contra un párrafo del artículo 16.2.b) de la Ley valenciana 8/2017 sobre identidad y expresión de género, añadido por la Ley 5/2025.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un inciso de la ley vasca de gestión de la pandemia de covid-19 que extendía a la vacunación el régimen de las pruebas diagnósticas. El recurso se extingue porque ha perdido su objeto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento Vasco 2/2021, de medidas para la gestión de la pandemia de covid-19. Declara nulos los preceptos que habilitan a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, y extiende esa nulidad a otros preceptos por conexión o consecuencia.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendida la Ley 1/2024 de Cantabria, que derogaba la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria de 2021. La suspensión se acordó al admitir un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno y sigue vigente.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regulaba la alerta sanitaria y las medidas frente a la covid-19. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos para adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud, y extiende la nulidad a otros preceptos por conexión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.1 del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modificaba la Ley de salud pública autonómica. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir límites materiales de los decretos-leyes autonómicos.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios apartados de la Ley de la Asamblea de Madrid 17/2023, que modificaba la ley autonómica de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra esos apartados.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley 8/2021 de Galicia, que modificó la Ley de salud gallega. La sentencia anula los preceptos autonómicos que habilitaban a órganos de Galicia a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir la reserva de ley orgánica.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por 52 diputados contra varios preceptos de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Declara que esos preceptos son conformes con la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios apartados de la Ley 17/2023 de la Comunidad de Madrid, que modifica la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.